VALÈNCIA (EFE). España intentará evitar nuevas reducciones de los días de pesca en el Mediterráneo y apostará por aplicar medidas alternativas durante la reunión de ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) que comienza el domingo en Bruselas y puede prolongarse hasta el martes.
En ese encuentro, los titulares de los Veintisiete deberán acordar las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y el Atlántico para el año 2023.
Si bien España también busca evitar recortes en especies del Atlántico, como el abadejo, y reducir el periodo de seis meses durante el que se pretende prohibir la pesca de la anguila, fuentes diplomáticas reconocieron que el "plato importante" de la negociación será el Mediterráneo.
Durante la reunión que el titular español de Pesca, Luis Planas, mantuvo esta semana con las comunidades autónomas, ya anunció que presentará medidas alternativas para evitar una nueva reducción de los días de pesca en el Mediterráneo, según indicó el Ministerio de Agricultura y Pesca en un comunicado.
En el consejo consultivo con los consejeros autonómicos, Planas consideró que debe limitarse al máximo la nueva reducción de los días de pesca propuestos un año más por la Comisión Europea, de un 9,8 % sobre 2022, y abogó por elevar el porcentaje previsto en el mecanismo de compensación para recuperar una parte (hasta un 3 %) si se dan determinadas condiciones.
El ministro señaló que las últimas evaluaciones científicas sobre especies en el Mediterráneo permiten atisbar "ciertas mejoras".
De acuerdo con el Ministerio de Pesca, España reiterará la defensa de la eficacia del empleo de redes más selectivas u otras medidas con las que podría alcanzarse el rendimiento máximo sostenible para algunas poblaciones de peces.
El año pasado, la reducción en los días de pesca sin una compensación suficiente por la adopción de medidas de selectividad llevó a que España votara en contra del acuerdo sobre las posibilidades de pesca y cuotas en el Mediterráneo.
Sobre la reducción del esfuerzo, fuentes diplomáticas manifestaron que España no la puede aceptar porque los operadores españoles "ya han reducido muchos días de esfuerzo, con lo cual, ya están en el límite de la rentabilidad".
Añadieron que quieren conservar "el máximo de la actividad" para que la flota mantenga su tamaño actual cuando las poblaciones en el Mediterráneo se hayan recuperado.
La Comisión Europea también plantea dos medidas mediterráneas que España ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE: un límite máximo de capturas para la gamba roja y el régimen de esfuerzo pesquero para los palangreros por la merluza.
En cuanto al límite propuesto para la gamba roja, las fuentes diplomáticas consideraron que se trata de "una medida redundante respecto a la reducción del esfuerzo".
En el Atlántico, las fuentes aseguraron que "el problema fundamental" es la ampliación de la veda de cualquier actividad pesquera relativa a la anguila de tres a seis meses consecutivos en aguas salobres marinas y adyacentes. Afirmaron que supone "de hecho" un cierre de la actividad pesquera.
Además, a España le preocupa la reducción del 10 % en las posibilidades de pesca de los abadejos del Golfo de Vizcaya y del Cantábrico. Las fuentes subrayaron que son poblaciones "estables, a pesar de no tener una evaluación científica completa", por lo que recalcaron que la disminución "no está justificada".
Asimismo, para Madrid es problemático que en el caso del lenguado del Cantábrico noroeste se establezcan totales admisibles de capturas para tres especies, pero solo se realice la evaluación científica de una de ellas. En ese sentido, las fuentes dijeron no entender qué base científica tiene la reducción de las posibilidades de pesca para las tres especies planteada por Bruselas, del 11 % frente a 2022.
Además, España solicitará poder pescar una tonelada de cigala en determinadas áreas de las aguas ibéricas desde Finisterre hasta el Golfo de Cádiz para la realización de campañas experimentales.
Por otra parte, España, Francia y Portugal propondrán que se comiencen a fijar posibilidades de pesca en las aguas de la UE para varios años con el objetivo de ahorrar tiempo a la administración y los científicos.
España confía en que se puede empezar a aplicar esa fórmula en la segunda mitad de 2023, en un primer momento para "dos o tres" poblaciones de peces. Tras probar el sistema, la idea es ampliarlo a más especies.