Carlos Mazón, junto a parte de su Consell. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La reducción del sector público fue una promesa electoral del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y compartida por Vox con la intención de eliminar duplicidades y de suprimir organismos que consideran prescindibles dentro de la Administración. Aunque tendrán toda la legislatura para abordar el asunto, lo cierto es que los socios del Consell se han tomado esta medida como una de las más urgentes tras su llegada al Ejecutivo autonómico en lo que supone un golpe de efecto.
Una de las primeras fue la supresión de consellerias, de altos cargos y de asesores para "reducir el gasto político". Según la cifras ofrecidas por Mazón, comportará un ahorro anual de 800.000 euros en sueldos públicos, lo que supone cerca de 3 millones de euros a lo largo de la presente legislatura. No se trata de un ahorro sustancial en el grueso de un presupuesto de miles de millones de euros cada año, pero sí un gesto de adelgazamiento de la administración que tanto el PPCV como Vox prometieron en campaña.
El siguiente paso será la reestructuración del sector público de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2024. Fuentes de la Generalitat confirman que cada Conselleria se encuentra examinando en este momento de manera exhaustiva los organismos y entes que dependen de su departamento para tratar de "racionalizar".
Nada concreto se ha determinado por el momento. Las cuentas se presentan a finales de octubre, por lo que tienen cerca de dos meses para su elaboración y para estudiar cuánto comportaría de ahorro la citada reestructuración. Aun así, las mismas fuentes admiten que son susceptibles de ser revisados diversos organismos autónomos e incluso empresas públicas.
La mayoría de ellos serían los de nueva creación por parte del PSPV, Compromís y Unides Podem durante las dos últimas legislaturas. La proliferación de entes públicos fue un sello del Ejecutivo del Botànic, que sin embargo evitó cerrar la mayoría de aquellos que año tras año incluía en el Plan de Ajuste.
Según fuentes del Consell, la supresión de algunos se ve más segura que la de otros, aun sometidos igualmente a evaluación. En la lista de los primeros aparece la Oficina de Derechos Lingüísticos. Impulsada en 2017 desde la Conselleria de Educación que dirigía Vicent Marzà (Compromís), su objetivo era "velar" por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana y canalizar las quejas, sugerencias y consultas de la ciudadanía "por discriminación lingüística". Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como el Tribunal Supremo cuestionaron la norma que la sustenta en partes fundamentales y anuló varios artículos.
En el mismo listado de prescindibles aparece la Escola Valenciana d'Administració Pública (Evap), un organismo autónomo de reciente creación dependiente de la Conselleria de Hacienda. Le corresponde la selección del personal empleado público de la Administración de la Generalitat, la formación, actualización y perfeccionamiento, de este último y del personal del sector público instrumental de la Generalitat, así como la investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la administración y la gestión pública.
En cuanto a los organismos susceptibles de ser revisados, las fuentes consultadas mencionan varios. No quiere decir, remarcan, que directamente todos ellos se vayan a suprimir, sino que sus competencias podrían reubicarse bajo el paraguas de direcciones generales o que podrían fusionarse con otros. Lo que destaca de ellos, inciden, es que existen ciertas duplicidades que deberían solucionarse. La fórmula no está decidida.
Es el caso de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que en 2023 cuenta con 75,7 millones de euros de presupuesto. Su promotor fue Andrés García Reche, quien dimitió del cargo el pasado julio, el mismo día de la investidura de Mazón. El expresidente de la Generalitat Ximo Puig le encargó la creación del organismo, que concibió como la herramienta necesaria para elevar la productividad de los sectores tradicionales valencianos y, por ende, los salarios.
Adscrita a Presidencia, desde el actual Consell hay quien considera que toca a competencias propias de la Conselleria de Innovación e Industria y del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace). Este último, con 236 millones de euros de presupuesto este año, con mucha más trayectoria y ya fruto de una reestructuración del sector público durante el mandato de Alberto Fabra, parece más intocable. De ahí que se estudie alguna posibilidad de fusión.
La reducción del gasto apunta igualmente a otros organismos como la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), dotada con 3 millones de euros en 2023. Creada en 2019, ejerce las potestades administrativas en materia de disciplina urbanística sobre ilícitos que se produzcan sobre suelo no urbanizable, sea este común o protegido.
También aparecen otros como la Agencia de Cambio Climático, la Agencia de la Energía o la Agencia de Residuos. Las tres fueron creadas tras algunos rifirrafes por parte del anterior Consell del Botànic pero no han sido desarrolladas en su totalidad. En el aire queda qué ocurriría con entidades como la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) ahora que las competencias de Vivienda se encuentran ubicadas en la Conselleria de Servicios Sociales. O la Agencia para la Digitalización o la de Evaluación y Prospectiva.
Por el momento, las fuentes consultadas comentan que no ha existido una instrucción política concreta más allá de la de la revisión por parte de cada Conselleria de aquello que genere duplicidades. En todo caso, afirman que se realizará una criba y que aquello que funcione bien se mantendrá de una manera u otra a nivel de competencias.
