Fotos: Antonio Pradas
CASTELLÓ. El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha acudido en la mañana de este miércoles a la Ciutat de la Justícia de Castelló acompañado por su hija Andrea, exdiputada nacional del PP y abogada, a prestar declaración por el caso que investiga si ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia que le condenó a cuatro delitos de fraude fiscal. El fallo de la Audiencia Provincial de 2013 fue confirmado en 2014 por el Tribunal Supremo y conllevó la pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1,4 millones de euros.
Fabra, que estaba citado a las 10.00 horas, ha llegado a la Ciutat de la Justícia una hora antes con la intención de esquivar a la prensa para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 que le investiga a él y a otras tres personas, entre ellos uno de sus hijos y su mujer, María Amparo Fernández. Pasados tan solo diez minutos de las 10.00 de la mañana, Fabra ha abandonado la sede judicial.
El expresidente de la diputación y del PP castellonense no ha querido hacer declaraciones a la salida del juzgado en virtud de la investigación nacida en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. En virtud de ella, el domicilio de Fabra fue registrado el pasado 22 de septiembre por agentes de la Policía Nacional.
Este miércoles estaba llamado a declarar uno de sus hijos y el jueves será el turno de su mujer, María Amparo Fernández.
Uno de sus hijos, investigado por la causa, ha declarado también minutos más tarde que Fabra, según han confirmado diversas fuentes a Efe.
El domicilio del expresidente de la Diputación de Castellón en la localidad de Oropesa del Mar fue registrado el pasado 22 de septiembre por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016 donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014 por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.
