La Policía Nacional registra el domicilio particular de Carlos Fabra en Platgetes

CASTELLÓ. Efectivos de la Policía Nacional han procedido desde primera hora de este martes a un registro en el domicilio del que fuera presidente de la Diputación Provincial de Castellón y máximo dirigente del PP en la provincia, Carlos Fabra, quien ha señalado que durante la operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, los agentes han intervenido diversos papeles y el ordenador personal del expolítico.

El registro, que se desarrolló a lo largo de unas cuatro horas en su vivienda situada en la urbanización de Platgetes, en Oropesa del Mar, comenzó a las 7.30 y el propio Carlos Fabra reconoció a Castellón Plaza desconocer el origen de la operación, además de señalar que ya ha puesto el caso en manos de sus abogados para conocer las razones de este operativo.

El juez decreta el secreto del sumario

El registro se enmarca dentro de unas diligencias previas abiertas en 2017 por delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública, tal como han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en las que se señala que, de momento no hay detenidos. En la causa, que está declarada secreta, hay por el momento cuatro personas investigadas, incluido el propio Carlos Fabra, que están citadas a declarar los próximos días 28 y 29 de octubre, según las mismas fuentes.

Fabra, que desde que salió de prisión se mantiene fuera de la política activa, indicó que está muy tranquilo y que espera que todo pueda aclararse en los próximos días.

El expresidente de la Diputación Provincial de Castellón fue condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de prisión en 2013 por delito fiscal y al pago de una multa por un importe total de 1,4 millones de euros. Fabra recurrió la decisión al Tribunal Supremo que, finalmente, rechazó el recurso, por lo que solicitó al Gobierno un indulto que le fue denegado.

A finales del 2014 el expolítico ingresó en la prisión de Aranjuez desde la que posteriormente fue trasladado, en la primavera de 2016, al centro de inserción social Victoria Kent. Una vez cumplida las dos terceras partes de la condena, accedió a la libertad condicional, que fue efectiva tres años después de su ingreso, por lo que salió finalmente en libertad en 2017. Desde entonces, Carlos Fabra, ya jubilado, se había mantenido fuera de la vida pública salvo en muy contadas ocasiones: una, para presentar su libro autobiográfico y, en otra, durante la cena que reunió en La Patacona a antiguos dirigentes del PP en la Comunitat Valenciana.

No fue hasta abril de 2017 cuando el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid acordó la libertad condicional del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia.

A partir de esta fecha, sobre el expresidente provincial pende aún una investigación que tiene que ver con los contratos de patrocinio por parte de Aerocas, la sociedad pública creada para la gestión del aeropuerto de Castellón y de la que fue presidente. El propio Carlos Fabra y el piloto de GP Álex Debón declararon en 2017 como investigados por un supuesto delito de cohecho. Fruto de estas declaraciones, el que fuera conseller de Economía, Gerardo Camps, tuvo que declarar en el mismo juzgado en calidad de imputado, aunque en su caso, por supuestos delitos de malversación y prevaricación.