VALÈNCIA. La portavoz del Consell, Ruth Merino, anunció este martes cinco nombramientos vinculados al segundo escalón del Gobierno valenciano y a las empresas públicas dependientes del Ejecutivo. Con estas designaciones, apenas quedan una decena direcciones generales -algunas muy relevantes como Comunicación, Economía o Sector Públcio- por darse a conocer además de, eso sí, los responsables de varias empresas públicas pendientes de dilucidar.
A falta de completar estos nombramientos y tras los 88 altos cargos del segundo escalón designados por el PP de Carlos Mazón, una circunstancia que llama la atención es el alto porcentaje de funcionarios que han sido aupados en alguno de los puestos por debajo del conseller de turno: es decir, subsecretarios, secretarios autonómicos y directores generales.
Así, según la revisión realizada por este diario -en su mayoría a través de búsquedas personalizadas puesto que los currículums todavía no han sido colgados en GVA Oberta en su totalidad- 43 del total de altos cargos son funcionarios, un 48,8% del total de designaciones.
Secretarios de ayuntamiento, técnicos de la Administración, catedráticos o profesores titulares universitarios, médicos, docentes de secundaria... el catálogo de empleados públicos entre los elegidos para dirigir la nueva Generalitat es amplio, aunque destaca la circunstancia que, en muchos casos, son funcionarios de carrera que ya se encontraban en el área -o en alguna muy próxima- que ahora pasarán a elegir como altos cargos de libre designación.
Para distintas fuentes del PP consultadas por este diario, los motivos de esta selección se sitúan en la "seguridad" y "estabilidad" que proporciona que los responsables en el segundo escalón conozcan en profundidad la Administración y, en especial, que vinieran ejerciendo además su función en áreas que ahora van a dirigir, dado que conocen la problemática habitual, los puntos débiles en la gestión e incluso pueden aportar ideas para solucionar o agilizar trámites y procesos.
Ahora bien, otras voces populares admiten que se ha echado en falta cierto 'banquillo' en el PP a la hora de cubrir vacantes importantes en la Administración, lo que ha conducido a tirar de funcionarios que simpatizan con el proyecto -tengan carné o no-. En este sentido, aunque se ha 'tirado' en algunos altos cargos de épocas pasadas -aunque no nombres de primera línea-, se han prodigado las designaciones de concejales populares de diversas poblaciones pero también se ha apostado por nombramientos procedentes de la empresa privada lo que, unido a la mencionada abundancia de funcionarios, ha proporcionado cierta pátina de Consell técnico y sin demasiados grandes nombres propios.
En cuanto a la proporción de funcionarios en las carteras controladas por el PP, el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha actuado con cierta lógica en el reparto; siendo Presidencia -donde aún quedan cinco direcciones generales sin nombrar- y la Vicepresidencia Segunda las que poseen un acento más político y con menos funcionarios tanto en cantidad como en estrecha vinculación concreta al área. Una circunstancia que, en cierta medida, también ocurre en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, donde la mayoría del segundo escalón no es funcionario.
Sin embargo, en la otra orilla se encuentran la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública; Sanidad y Educación, donde los empleados públicos que han sido designados en el segundo escalón son mayoría. En la primera de ellas, de hecho, la diferencia es abrumadora (apenas tres de los 14 altos cargos en activo en la conselleria no son funcionarios) y, en este caso, se da la circunstancia de que algunos de ellos ya ejercían su trabajo en áreas en las que han sido ascendidos.
La segunda cartera con más empleados públicos en el organigrama de altos cargos es Educación, con una decena, mientras que en Sanidad siete son funcionarios -en su mayoría del ámbito correspondiente- del total de 11 nombrados. En Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en cambio, hay cierto equilibrio con una ventaja por la mínima de altos cargos que no forman parte de la Administración.