Camps, Fabra, Puig y Mazón, presidentes de la Generalitat en los últimos 20 años.VALÈNCIA. Que la Comunitat Valenciana arrastra dos décadas de injusta y desigual financiación dentro del reparto anual entre las comunidades autónomas de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra- no es ninguna novedad para los valencianos. Sin embargo, en el resto de España y singularmente en Madrid, donde se parte y reparte, sigue poniéndose en duda o en sordina al juntar en el mismo saco la reivindicación de los valencianos con las de otras comunidades -algunas muy bien financiadas- o las de Cataluña, que desde hace años recibe financiación por encima de la media.
Por si quedaran dudas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), hizo público este lunes un trabajo en el que ofrece "datos de utilidad para el análisis del sistema de financiación autonómica y para el debate sobre su necesaria reforma". En particular, se cuantifican los resultados definitivos del sistema durante el período 2002-21, es decir, desde que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se creó el actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA), reformado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que debería haberse revisado en 2014, hace nueve años.
En el informe titulado La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2021, su autor, Ángel de la Fuente, se limita a exponer datos y evita sacar conclusiones. En el caso de la Comunitat Valenciana, también en el de la Región de Murcia, los números cantan: la infrafinanciación empezó en 2002 y no se ha corregido en 20 años, al contrario que otras CCAA como Baleares.
De hecho, la valenciana y la murciana son las dos únicas autonomías que nunca han alcanzado la media de financiación por habitante ajustado. Como se puede ver en la tabla de evolución publicada por Fedea, sobre un índice 100, que es el promedio de las CCAA, la Comunitat Valenciana a lo más que ha llegado es a 95,2 (en 2005) y desde que se reformó el sistema en 2009 solo superó el índice 93 en 2020. No obstante, esta cifra es engañosa, porque, como señala Fedea, si se suman al SFA los fondos extraordinarios por la covid repartidos aquel año por el Gobierno de Pedro Sánchez, el índice cayó al 89,5, el tercero más bajo de las dos últimas décadas.
Índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado
La queja por la deficiente financiación autonómica, que inició Francisco Camps (presidente entre 2003 y 2011) y continuaron Alberto Fabra (2011-2015) y Ximo Puig (2015-2023), cuenta con abundantes evidencias basadas en informes independientes como el de Fedea, de ahí que Carlos Mazón haya tomado el testigo de sus predecesores en esta reivindicación ya histórica.
En el informe, por si faltaba claridad, De la Fuente incluye una tabla de la financiación en euros por habitante ajustado, donde se ve la diferencia entre lo que reciben las quince CCAA de régimen común.
Así, en el año 2021, último del que hay datos, la Comunitat Valenciana recibió 2.730 euros por habitante ajustado para sanidad, educación y servicios sociales, 687 menos que Cantabria, la mejor financiada, y 233 menos que la media.
Todos estos cálculos están hechos según el dinero que llega "por habitante ajustado", no por población real. El criterio de "población ajustada" se utiliza porque el coste de los servicios que cubre el SFA -sanidad, educación y servicios sociales- no es el mismo para todas las CCAA. Por ello, a partir de la población de derecho de cada una, tras ponderar seis variables, se eleva el peso de unas CCAA y se rebaja el de otras a la hora del reparto de fondos. Estas seis variables son superficie, dispersión, insularidad, población mayor de 65 años, población de 0 a 16 años y población protegida equivalente. Esta última variable, a su vez, divide y pondera en siete grupos de edad la población con cobertura sanitaria.
Así, hay comunidades como Castilla y León cuya población ajustada es un 8,67% superior a la real -208.000 habitantes más-, o Galicia -204.000 habitantes más, un 7,56%-, mientras otras como Madrid, Andalucía, Cataluña o Comunitat Valenciana 'pierden' población cuando se hace la ponderación. En el caso valenciano, la población ajustada es un 2,72% inferior a la real, lo que significa 136.000 habitantes menos. En porcentaje es la que más pierde después de Madrid.
Precisamente, estas variables son las que algunas comunidades autónomas con poca densidad de población o población envejecida piden que se tengan en cuenta cuando se reforme el SFA y ese aumento de la ponderación fue la base del 'esqueleto' de reforma que la ministra María Jesús Montero envío a las CCAA.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
