Financiación: el agravio son los padres

VALÈNCIA. A menudo bromeo con mis compañeros sobre el tiempo que nos ahorraríamos si el teclado de todos los periodistas valencianos incluyera la tecla ‘financiación autonómica’. Una sola pulsación para poner negro sobre blanco las dos palabras que resumen el problema sobre el que llevamos infinidad de páginas escritas sin visos de solución. Apenas se ha iniciado el nuevo curso y el temita ya ha regresado a la primera línea en forma de anuncios de futuras cumbres, frentes comunes o convocatorias de manifestación que, como siempre, apenas han trascendido el ámbito de la Comunitat Valenciana. Como si fuera uno más de esos propósitos que nos imponemos tras el verano con la esperanza de consolidar un buen hábito pero que acabamos abandonando al cabo de algunas semanas.

Sin embargo, en el caso de la financiación, no es por falta de voluntad. A fuerza de machacar, afortunadamente va calando en la conciencia colectiva la urgencia de resolver un problema que nos condena a quedar en una flagrante desventaja respecto a otros territorios. De acuerdo que no es una discriminación deliberada ni debe plantearse como un "agravio comparativo", tal y como esta semana nos vino a decir la vicepresidenta Nadia Calviño antes de quitarse las gafas de lejos y darse cuenta de nuestra hipersensibilidad con este asunto, pero la sistemática infrafinanciación de la Comunitat Valenciana a lo largo de las dos ultimas décadas es un hecho constatable e injusto que a estas alturas nadie debería ya cuestionar.

Por abstracta que suene la infrafinanciación, no asegurarles a todas las CCAA los recursos suficientes para costear la educación, la sanidad y la dependencia es una anomalía que no nos deberíamos permitir. Pero si a ello se le suman las inexplicables diferencias que existen entre lo que unas y otras reciben para atender las mismas necesidades, el resultado es una enorme injusticia sostenida a lo largo de los años que nos condena a los valencianos a tener peores servicios y menos oportunidades.

Porque la mayor perversidad de esta anomalía probablemente sea su carácter crónico. Hace unos días, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), actualizó su serie histórica sobre la financiación de las CCAA de régimen común y concluyó lo que ya sabíamos: que las diferencias entre lo que ciudadanos con las mismas necesidades reciben en función de dónde vivan son escandalosas. Hasta casi 25 puntos entre cántabros y valencianos. Traducido a euros: más de 700 euros de diferencia por cada uno de sus habitantes, que se ponen enfermos o van a la escuela de forma similar o al menos, no tan distinta como para que exista esa brecha en el reparto del dinero para pagarlo. El propio informe reconoce que son diferencias "difícilmente justificables".

Pero lo que más perplejo me deja de ese análisis es que haya sido así en las dos ultimas décadas, con dos sistemas de financiación diferentes diseñados por dos Gobiernos de distinto signo político. La enorme distancia entre los ciudadanos mejor y peor financiados ha sido una constante año tras año durante los últimos veinte, lo cual lleva a replantearse las bases de un sistema que, a la vista del resultado, no ha servido para avanzar hacia la convergencia territorial. A pesar de que en estas dos décadas hemos sembrado el país de rotondas, kilómetros y kilómetros de AVE, aeropuertos y hospitales anuncio, el dinero se sigue repartiendo como si escolarizar a un niño en Murcia costase 600 menos que en La Rioja. No me lo creo.

En ese tiempo, algunas CCAA han mejorado su posición relativa respecto a las demás y otras la han empeorado, pero para desgracia de la Comunitat Valenciana también ha sido una constante ser la región a más distancia por debajo de la media. Por eso me sorprende que propuestas como la de la subida del salario mínimo interprofesional diferenciada por territorios sean rechazadas automáticamente mientras se aceptan con una pasmosa naturalidad las diferencias en los recursos que esos mismos territorios reciben para financiar servicios esenciales. El agravio comparativo existe y debe corregirse.

Sería un buen punto de partida fijar cuál es el coste real de prestar los servicios transferidos a las CCAA para asegurarles los recursos necesarios para cubrirlos con las mínimas diferencias entre territorios. La intención del Ministerio de Hacienda de comenzar por redefinir el concepto de población ajustada va en la buena dirección, pero la inercia de los últimos años y la necesidad de que ninguna región empeore su situación respecto al sistema anterior harán muy difícil el acuerdo a menos que el Estado acceda a ceder parte de sus recursos a las CCAA.

El arrebato de sinceridad de Calviño nos puede decepcionar, pero no nos debería sorprender. Pensar en una solución rápida y sin esfuerzo solo nos llevaría al autoengaño. Lo que toca es perseverar y continuar creando conciencia sobre lo insostenible de esta situación. La semana pasada le abrimos los ojos a Calviño y hoy se los deberíamos abrir a Yolanda Díaz. Y después continuar por la Convención Nacional del PP y el congreso Federal del PSOE. Si vamos a ser la pieza principal de la batalla regional, hay que aprovecharlo. A ver si esta vez cogemos la escapada buena y no se lo tenemos que continuar pidiendo a los Reyes Magos.