Francisco Martínez, a un paso del banquillo de los acusados por supuestos 'pelotazos' urbanísticos

CASTELLÓN. El exvicepresidente de la Diputación de Castellón y exalcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, ha recibido un nuevo varapalo judicial que lo sitúa a un paso del banquillo de los acusados. El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ve indicios de delito en la compraventa de terrenos por parte del exmandatario popular que, en principio, se enfrenta a una petición de cárcel de 16 años. El PSPV, que ejerce la acción popular, pedirá la apertura de juicio oral y se espera que la Fiscalía, que presentó la querella inicialmente, proceda de la misma forma en los próximos días.

La jueza ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra el exalcalde, su hija, Andrea Martínez, y el empresario Raúl Babiloni por supuestas irregularidades urbanísticas. Ve indicios de delito suficientes para celebrar juicio contra los tres encausados al considerar que adquirieron fincas relacionadas con distintos planes urbanísticos para “obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de las sociedades para cuando dicho programa se ejecutara”.

La compra de las parcelas se efectuó entre los años 2005 y 2014 directamente por el exalcalde, su hija y el empresario, o a través de sociedades interpuestas, señala la resolución. Todo hace indicar que Martínez se aprovechó de su condición de alcalde para que la Junta de Gobierno municipal adoptara determinados acuerdos que beneficiaban sus intereses particulares. El hijo del exalcalde, que también estaba investigado, ha quedado fuera de la causa, pues la jueza considera que desconocía el plan ejecutado por los otros tres imputados.

Siguiente fase: apertura de juicio oral

Tras concluir la fase de instrucción, las acusaciones deben pronunciarse. El PSPV, la acción popular en la causa, pedirá la apertura de juicio oral y se espera que la Fiscalía haga lo propio. Tendrán cinco días para presentar sus escritos, aunque el plazo puede ampliarse, según ha explicado a este diario el fiscal jefe, José Luis Cuesta, quien no prevé que se soliciten diligencias complementarias.

Por su parte, el diputado provincial y portavoz socialista en Vall d'Alba, Fernando Grande, ha mostrado su "satisfacción" al conocer el contenido del auto judicial. "Por fin vemos que todo el trabajo que hicimos recabando información sobre las operaciones urbanísticas de Martínez ha servido para algo", señala el munícipe, quien presentó en su día más de 2.000 folios de documentación ante la Fiscalía para ampliar la investigación. 

Fruto de las pesquisas, el Ministerio Fiscal presentó una querella en 2016 y solicitó 11 años de prisión, 21 años de inhabilitación y una multa de un millón de euros para el que fue mano derecha de Carlos Fabra. En su escrito, el fiscal imputaba a Martínez los delitos de fraude administrativo en concurso medial con delito de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionario y delito continuado de uso de información privilegiada por autoridad.

La acción popular, por su parte, elevaba la solicitud de cárcel para el exmandatario del PP a 16 años. Ahora, tras concluir la investigación judicial, las peticiones de pena podrán variar si se han observado nuevas circunstancias a lo largo de la instrucción que atenúen o agraven los hechos denunciados.

'Pelotazos' urbanísticos

La investigación de la Fiscalía concluyó que Martínez, siendo alcalde de Vall d'Alba y conociendo de antemano las actuaciones urbanísticas que se proyectaban en su municipio, supuestamente hizo uso de información reservada y privilegiada para beneficio propio sobre tres proyectos: el PAI del nuevo sector l'Arc, el PAI Mas de Lluna y la ampliación del casco urbano. "La actuación concertada de los tres acusados destinada a obtener un lucro ilícito fue desarrollada a lo largo de varios años, fundamentalmente desde 2005 hasta 2014, primero mientras se gestaban los programas y más tarde mientras se desarrollaban", señalaba el fiscal. 

"A tal fin con la información privilegiada de que disponía Francisco Martínez adquirieron fincas relacionadas con los programas o de interés para su ejecución, en unos casos directamente por los propios acusados o en otros por medio de sociedades instrumentales creadas a tal efecto", incidía en su escrito, en referencia a las empresas Gestintur SL, Prodever SL y Franvaltur SL.

Según el relato de la Fiscalía, el exalcalde conocía el valor urbanístico de las fincas "no solo por haber intervenido en su génesis y tramitación municipal, sino también por haber efectuado ventas de determinadas fincas de titularidad municipal a Calviga SL", la promotora de los dos PAI afectados. Además, Martínez asesoró a sus padres, que en 2002 adquirieron fincas por valor de 22.838 euros y tan solo tres días después las vendieron a la promotora por 32.500 euros, e "intervenía desde la Corporación Local aprobando las solicitudes de agregación o segregación de fincas que se precisaban, sin que conste se abstuviera pese al interés directo que en todos los casos tenía", según el Ministerio Fiscal.

El modus operandi, por tanto, consistía en comprar terrenos rústicos que posteriormente se recalificaban a urbano aumentando así el valor de las parcelas. En una primera fase Martínez las inscribía a su nombre, pero cuando desde la oposición se empezó a señalar la posible irregularidad, creó un entramado societario para adquirir las fincas, según señala a este diario el portavoz socialista en Vall d'Alba, Fernando Grande.  

El origen de la causa: la depuradora de Borriol

La causa actual por presuntas irregularidades urbanísticas se deriva del caso de la depuradora de Borriol. El exvicepresidente de la diputación fue enjuiciado por la compra de unos terrenos en los que se había proyectado la instalación cuando era responsable de Infraestructuras en la institución provincial. 

La maniobra salió a la luz por la denuncia de Compromís justo antes del pleno municipal de Borriol en el que se iba a dar luz verde al proyecto de la depuradora. En 2016 Martínez fue condenado por estos hechos a ocho meses de cárcel por negociación prohibida a funcionario, aunque finalmente la Audiencia Provincial le conmutó la pena por una multa de 14.400 euros.

Esta condena previa podría agravar la situación penal del exmandatario popular en caso de que se le encontrara culpable en el proceso judicial abierto.