Foto: ENRIQUE PALOMARES/EPVALÈNCIA. La empresa de seguridad Garda arrebata a Clece el contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana. Unas labores que la compañía multiservicios llevaba ofreciendo desde 2017, cuando ganó un contrato que volvió a conseguir en 2020. Sin embargo, ahora será Garda la que asumirá la gestión al adjudicársela por 16,6 millones .
El concurso, lanzado hace unos meses por la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, recibió seis ofertas y cuenta con una duración inicial de dos años a partir de su adjudicación. El objetivo es la vigilancia y seguridad privadas en edificios, locales y dependencias donde se encuentran los órganos judiciales radicados en la Comunitat Valenciana.
De esta manera, la prestación del servicio de vigilancia y seguridad consistirá principalmente en una acción protectora de carácter preventivo, cuya finalidad es la de proteger a las personas, instalaciones, bienes y equipos frente a cualquier actividad delictiva o infracción administrativa. También, intervenir en situaciones de peligro o desastre y dar una respuesta eficaz ante contingencias imprevistas como accidentes, incendios y otros sucesos similares
Las labores se llevarán a cabo tanto con vigilancia presencial como con medios técnicos adecuados, inclusive, cuando proceda, consistentes en aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica contra robos, intrusión e incendios que se conecten a la Central Receptora de Alarma.
Además, de forma sobrevenida, Garda deberá prestar un número de horas indeterminado en concepto de 'servicio puntual de vigilante presencial', consistente en solicitudes de refuerzo extra de personal en el caso, por ejemplo, de un juicio extraordinario con un gran volumen de testigos o un fuerte interés mediático o para la sustitución de algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una indisposición. En todo caso, este servicio también responderá ante situaciones sobrevenidas o urgentes.
La compañía Garda lleva 27 años trabajando en la prestación de servicios de seguridad. Con un equipo de más de 3.000 profesionales, también cuenta con divisiones para el transporte y la custodia de explosivos; y de instalación y mantenimiento de sistemas. Y, además, es una vieja conocida en la prestación de servicios para la Generalitat Valenciana.
Así, desde 2012 se encarga de la seguridad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y desde UGT denuncian que la empresa "no respeta las condiciones laborales" de los trabajadores. Según el sindicato, desde que entró "despojó de todos los complementos que percibían los trabajadores que subrogaron de las empresas Prosegur y Vinsa (actual Ilunion), complementos logrados fruto de acuerdos entre Comités de Empresa y empresas antes nombradas".
"Tras tener conocimiento de esta situación, UGT interpuso conflicto colectivo, que fue ganado judicialmente y posteriormente por demandas individuales. Se puso en conocimiento de FGV para que insertaran y publicarán costes en las licitaciones, así lo hizo, de tal manera que desde ese momento y en repetidas ocasiones lo han retirado de la licitación", explica el sindicato.
No obstante, critican que en en varias ocasiones ha tenido que presentar por registro de entrada, quejas y solicitud de reuniones que se han mantenido, explicando que la empresa "incumplía la licitación" porque la situación se sostiene en el tiempo.
