El diputado popular Gerardo Camps, tras declarar en el juzgado. (Fotos: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓN. La era Fabra y Camps vuelve a vérselas en los tribunales. Esta vez, a causa de la investigación judicial sobre los patrocinios de la sociedad pública del aeropuerto de Castellón (Aerocas) al piloto de motociclismo Álex Debón entre los años 2009 y 2011. El diputado nacional del PP Gerardo Camps, quien fue miembro del consejo de administración de la mercantil, ha declarado este viernes en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número de 3 de Castellón por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Asegura no tener nada que ver con los contratos deportivos investigados y deja caer que la responsabilidad es del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
El origen de la causa se remonta a 2016, cuando la Fiscalía abrió diligencias tras una sentencia judicial que condenaba al exmandatario provincial a devolver a Debón 368.000 euros de un préstamo. Una cantidad que, según denunció Compromís en su día, coincidía con el 10 por ciento del total que Aerocas había abonado al piloto para promocionar el aeropuerto: 3,67 millones de euros en 2009, 2010 y 2011, cuando la infraestructura aún no había entrado en funcionamiento. La Fiscalía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 3 que, desde entonces, investiga los contratos de patrocinio a Debón y si se pagaron comisiones como contrapartida.
Carlos Fabra y Álex Debón ya declararon en 2017 como investigados por un supuesto delito de cohecho. Lo que trascendió del testimonio del exdirigente popular entonces es que implicaba directamente a Gerardo Camps en los hechos y extendía la responsabilidad a los miembros del consejo de administración, que finalmente fueron citados a declarar también en condición de imputados, aunque en su caso, por supuestos delitos de malversación y prevaricación.
Camps, que fue vicepresidente del Consell y presidente de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), ha declarado ante la jueza este viernes, aunque por su condición de aforado, no tenía obligación de asistir -podía declarar por escrito-. Sin embargo, esa prerrogativa de la que gozan los diputados ha expirado al disolverse las Cortes, por lo que, aunque la jueza le daba la oportunidad de posponer la cita, ha decidido asistir.
Tras su declaración, ha comparecido ante los medios. Ha explicado que no estuvo presente en las reuniones del consejo de administración en las que se ratificaron los patrocinios de Debón. Además, respecto a la contratación en general asegura que tanto Aerocas como la SPTCV -accionista mayoritaria del aeropuerto- eran fiscalizadas por una auditora externa y por la propia Sindicatura de Comptes, sin que se detectara "ningún tipo de ilícito penal".
Por ello, el siguiente paso que dará la defensa de Camps es pedir que se retire su condición de investigado. "No he participado en las reuniones del consejo de administración a las que se hacía referencia y ninguna auditoría externa decía que existiera el más mínimo presunto ilícito penal en la ejecución del gasto de Aerocas y SPTCV", ha asegurado el diputado popular.
Pero además de proclamar su inocencia, Camps ha querido desmarcarse de los hechos que se le imputan a Carlos Fabra. De hecho, asegura que durante el interrogatorio ni siquiera le han preguntado si lo conocía. "Yo no era quien negociaba, ni quien decidía ni el contenido ni las cuantías de los contratos de patrocinio de Aerocas", se ha defendido. Es más, ha apuntado al exdirigente popular y al entonces director general del aeropuerto, Juan García Salas: "Desconozco si era el señor Fabra únicamente, el señor Fabra y el señor García Salas, o el señor García Salas con los técnicos de la Diputación. Sí que sé que algunos de los expedientes se traían también a Grandes Proyectos para su revisión y se revisaban. Nunca apareció nada que hiciera sospechar que se estaba cometiendo ningún delito".
Además de Gerardo Camps, también han comparecido este viernes otros miembros del consejo de administración como el exsecretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; el exdirector general de Aeropuertos, Javier Eleno; y el exvicepresidente de la Diputación y mano derecha de Carlos Fabra, Francisco Martínez, imputado también en otra causa sobre irregularidades urbanísticas en la Vall d'Alba. Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida del juzgado.
Por otra parte, quedan pendientes las declaraciones, también en calidad de investigados, del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla; el exconseller de Hacienda, José Manuel Vela; la ex alto cargo de la Generalitat Cristina Serrano y Ricardo Bayona, que comparecerán el día 22. Por último, el 29 de marzo será el turno del exsecretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó; el exdirigente popular Vicente Aparici y José Luis Villanueva.
