Gobierno Interior: la comisión secreta en la que los diputados pactan lo inconfesable

VALÈNCIA. El reglamento de Les Corts Valencianes establece que la comisión de Gobierno interior es aquella encargada de aprobar el presupuesto del Parlamento autonómico, conocer su ejecución, conocer las modificaciones de los Estatutos de Gobierno y un amplio "cualquier otra función que le encomiende el presente reglamento o la Mesa de Les Corts". De este modo, por ella pasan multitud de cuestiones de importancia en lo concerciente al funcionamiento de la Cámara. Como por ejemplo, el uso del dinero público vinculado a los salarios de los diputados, los complementos, las indemnizaciones o las subvenciones que recibe cada grupo. 

Conformada por los miembros de la Mesa del Parlamento y por los portavoces de cada formación (PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís, Vox y Unides Podem), se celebra a puerta cerrada sin que se dé cuenta de nada de lo que en ella se habla. Una opacidad mantenida en el tiempo que facilita la falta las justificaciones oficiales en cuestiones que comportan, en ocasiones, ciertos enfrentamientos entre los partidos pero, en otras, justo lo contrario: acuerdos sobre cosas que benefician a todos. 

El propio presidente de la Cámara, Enric Morera, era preguntado en una entrevista en Castellón Plaza en 2020 por la falta de transparencia y respondió que "suprimiría lo de que sea secreta porque no hay nada que ocultar". Pero aún no se ha movido nada.  

La comisión se encarga, en primer lugar, de aprobar los presupuestos de la Cámara año tras año. Éstos constan básicamente de los salarios de los altos cargos, asesores y personal; los gastos en alquileres, instalaciones, suministros (luz, agua, seguridad, material...); las dietas e indemnizaciones de los diputados; las subvenciones públicas a los grupos; las inversiones; o los préstamos e intereses. El total para 2022 fue de 30,7 millones de euros. 

Cualquier debate o modificación de todos estos asuntos, por tanto, pasa por Gobierno Interior. Como así ocurre con los más polémicos que llevan tiempo encima de la mesa. Y de los cuales poco se suele saber hasta el momento en el que trasciende –no por vía oficial– alguna decisión adoptada.  

El último acuerdo, publicado por Castellón Plaza, fue el que prevé el despido de todos los trabajadores de cada formación con representación en el Parlamento cuando finalice la actual legislatura. Los seis partidos pactaron un texto que fija que los grupos se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen" y que estos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran.

El convenio añade que cuando finalice la legislatura los contratos laborales que suscriban los grupos también "se extinguirán" y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado. 

Subvención extraordinaria para despidos

El acuerdo cuenta con serias dudas legales por sucesión de empresas y fraude de ley y ha suscitado una notable polémica, por lo que casi con toda seguridad tendrá que ser modificado. Cómo y con qué dinero afrontar los despidos de personal es uno de los mayores quebraderos de cabeza ahora mismo. Los grupos deben contar con una provisión de fondos que no todas las formaciones han reservado, motivo por el que ahora se plantean conceder a las formaciones una subvención extraordinaria para que puedan tener liquidez, como informó este periódico.

Ya de cara a la próxima legislatura, una de las alternativas que se estudian es que el personal pase a ser eventual y no laboral, pero para ello debería acordarse que fueran Les Corts las que contratasen a los trabajadores y no los propios grupos, que es lo que se ha fijado sobre el papel. Todo ello será abordado en la famosa comisión de Gobierno Interior. 

La vuelta al cole también tendrá que resolver qué ocurre cuando un partido sufre una fuga de diputados que deciden convertirse en No Adscritos. Este surgió por primera vez hace un año cuando cuatro parlamentarios de Ciudadanos abandonaron el partido naranja: Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis, José Antonio Martínez y Cristina Gabarda. Un mes después les seguiría Vicente Fernández. Tras su marcha, el grupo parlamentario peleó por no perder dinero por la fuga de los tránsfugas. 

Tras varias negociaciones, los grupos del Botànic II acordaron con Ciudadanos en la opaca comisión hacer un apaño para que el partido liderado por Ruth Merino no perdiera fondos. Un pactos que, sin embargo, el PP advirtió que no sellaría por considerarlo ilegal y que Vox también rechazó de manera frontal. Las dudas legales y las amenazas de los tránsfugas de llevar a los tribunales el citado pacto hicieron que los naranjas recularan y terminaran rechazando el dinero de sus cinco diputados. Ahora, las formaciones han vuelto a retomar las negociaciones. 

Paro e indemnización

El paro e indemnización de los diputados será otro punto que se habrá de resolver en esta comisión por la cercanía del final de la legislatura. Los parlamentarios no tienen derecho a nada de ello dado que no cotizan a la Seguridad Social, y la posibilidad de activarlo lleva varios meses coleando sin que se concrete. Los salarios de los parlamentarios rondan los 50.000 euros y pueden incrementarse hasta los 60.000 sumando la portavocía de alguna comisión parlamentaria o el kilometraje si el diputado es de fuera de València. 

La potestad para modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración de la Seguridad Social recae en el Congreso de los Diputados. Y el presidente de Les Corts, Enric Morera, evitó promover el cambio legal pertinente en Madrid como representante de la institución. Ahora, la única vía que queda es establecer a través de la comisión de Gobierno Interior una indemnización. Propuesta de difícil venta de cara a la galería y que nadie se atreve a impulsar. 

La subida de salarios fue otro de los pactos vía comisión que más polémica desató. En 2020, el incremento del 2% para los empleados públicos a nivel nacional era extensiva a los diputados y altos cargos. En Les Corts se aprobó el aumento de la nómina, que se publicó en mitad de la crisis del coronavirus y generó mucha controversia. Posteriormente, los parlamentarios se echaron para atrás y renunciaron a beneficiarse de esa cantidad. Para 2021 se congelaron igualmente el sueldo mediante una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat. 

El kilometraje tampoco se queda atrás en cuanto a polémica. Los diputados reciben una doble subvención por un mismo concepto: los desplazamientos para acudir a su lugar de trabajo y la distancia a la que se encuentra la vivienda en la que están empadronados. Cantidades que en total ascienden a más de 300.000 euros. En 2018, Podem propuso en la comisión de Gobierno Interior suprimirla, pero quedó todo en el aire por el adelanto electoral y no se volvió a retomar. 

Regularizar el kilometraje

Sus señorías reciben una indemnización fija mensual en concepto de "ejercicio de la función" que tomaba como referencia el lugar del padrón. Las cuantías están distribuidas en función de los kilómetros a los que se encuentre la vivienda de Les Corts: a menos de 10 km, 294 euros; entre 10 y 100 km, 588 euros; y si la distancia es superior, 882 euros.

Además de esta, cobran otra variable basada en la cantidad de veces que se desplazan a la cámara para acudir a un pleno o a una comisión parlamentaria. Por esto, se les remunera con 0,32 céntimos el kilómetro, por lo que una persona que vive a 100 kilómetros obtiene 64 euros –viaje de ida y vuelta– cada vez que acude.

La Sindicatura de Comptes ya ha advertido en varios informes de que el Parlamento debe regularizar esta situación, pero la comisión de Gobierno Interior aprueba ese kilometraje presupuesto tras presupuesto sin que se haya modificado todavía. 

En 2016 se produjo una situación como poco curiosa. Les Corts pasaron a pagar por el menú subvencionado de los parlamentarios (ahora cuesta 7,25 euros) un 10% más, hasta los 130.900 euros. No hace falta mencionar en qué comisión.