Hay Derecho, ¿hay Gobierno?

MURCIA. Curiosa coincidencia en el tiempo. El pasado 13 de septiembre era presentado el Informe Anual del Estado de Derecho que elabora la Fundación Hay Derecho. Con fecha 17, el Consejo de Ministros ha informado del acuerdo del 'Plan de Acción por la Democracia', consistente en 31 medidas para "reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz".

La presencia (es ya bastante común en el sello del actual Gobierno) "ómnibus" de las medidas anunciadas, junto con su poca concreción y mucha ambigüedad, tiene más aspecto propagandístico que reformador. Sin incluir la debilidad manifiesta para conseguir mayorías que les limita su aprobación.

Me parece curioso que quien se mete en el charco de querer determinar qué es periodismo "serio y veraz" y qué no lo es no quiera entrar a distinguir entre publicidad institucional al servicio público y propaganda política pagada por todos los ciudadanos. O no le interese saber si el gasto en publicidad es "mucho" o "poco".

Por tanto, trataré de comentar el informe redactado por la Fundación Hay Derecho, que en 115 páginas enuncia una gran de cantidad de datos precisos, opiniones fundadas y recomendaciones concretas. Es la segunda vez que investiga sobre estos aspectos y se centra en los años 2022 y 2023. El objetivo es evaluar nuestro estado democrático de derecho y apuntar lo que se ha detectado que debe mejorar.

"España no es Venezuela o Cuba, como pretenden hacernos entender"

La importancia para realizar el esfuerzo de mejora viene por la necesidad de doblegar una inseguridad jurídica que está llegando a cotas preocupantes. No hay que gritar o salir corriendo. España no es Venezuela o Cuba, como pretenden hacernos entender. Estamos entre los primeros 25 países con mejor valoración en índices internacionales. Pero esta percepción de inseguridad genera dudas que esfuman la inversión y el desarrollo en una competitividad mundial exigente, además de una insatisfacción generalizada. Hay que abordarlas en serio, con serenidad y sin demagogias.

Apunta el informe que el origen de la falta de avances en los problemas detectados en el informe anterior (del periodo de 2018 a 2021) viene por el contexto político de bloques y procesos electorales.

En cuanto al Poder Legislativo, señala una degradación importante con el abuso de los decretos leyes (que no terminan en una tramitación de ley normal aunque así se establezca), anomalías en los procedimientos (acudiendo a la forma con menores controles o directamente prorrogando sine die los plazos de enmienda o congelando proyectos de ley) y control parlamentario mejorable, y una deficiente planificación (tanto en la "motorización" normativa, como en el bajo cumplimiento del Plan Anual Normativo y alto grado de iniciativas aprobadas que no se contemplaban en él). Precisamente, la incontinencia y la improvisación normativa son los factores que más afectan a la inseguridad.

Los retrasos en las transposiciones legislativas europeas y la renuncia a presentar Presupuestos, acudiendo a milmillonarias ampliaciones de crédito sin rendir cuentas, son otros factores que destacar dentro de este apartado.

En cuanto al Poder Judicial, habíamos llegado a un momento crítico, pero con el reciente acuerdo entre PP y PSOE parece que la preocupación se ha reducido ostensiblemente. Aun así, los problemas de discrecionalidad en los nombramientos y la provisión temporal de plazas por comisiones de servicios menoscaban notablemente la eficiencia e independencia.

Pero hay aspectos especialmente graves. En primer lugar, la injerencia política. No solo la veda abierta a criticar a jueces y decisiones judiciales (cuyo ejemplo más significativo es la acusación de lawfare o persecución judicial, ya generalizada) sino también las deliberaciones por bloques en el seno de órganos judiciales colegiados, como el TC o el TS. En segundo lugar, el deficiente funcionamiento que tiene su mayor ejemplo en la congestión en alza (yo diría colapso), pese a que los índices de presupuesto en Justicia se encuentran en la parte media - alta dentro de los países europeos. Esto denota una baja eficiencia en la gestión del gasto.

Es en el Ministerio Fiscal donde resulta más evidente la ausencia de autonomía e independencia. A lo criticado que resulta el método de nombramiento, la falta de transparencia en la comunicación entre el FGE y el Gobierno y la escasa autonomía, el principal problema es quien ostenta el cargo.

El informe del CGPJ que lo valoraba como "no idóneo" destacaba: la deficiente legalidad en la gestión administrativa (con anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala incluida), deficiente transparencia en nombramientos discrecionales (los miembros de la Asociación Progresista de Fiscales han copado un 66% de dichos cargos), deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía (por el sorprendente criterio para la interpretación de la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual) y falta de amparo de la carrera fiscal (como por ejemplo los que intervinieron en los juicios del procés).

Las reiteradas anulaciones o rectificaciones del TS a la actuación del FGE dejan a esta institución a un muy bajo nivel.

El informe pasa de puntillas por la protección de los derechos humanos en España, al no situarse en mala evaluación con respecto a condenas y ejecución de estas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

"EL INFORME constata la colonización política de los contrapesos institucionales"

Los dos últimos puntos están muy relacionados con el refrito poco ambicioso pero muy ostentoso 'Plan de Acción por la Democracia': contrapesos institucionales, autoridades independientes y rendición de cuentas, por un lado, y transparencia y lucha contra la corrupción. y otros contrapesos: los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, por otro.

Se constata la colonización política de los contrapesos institucionales (que lleva consigo la "aurea mediocritas" donde la afinidad política se impone al mérito y capacidad). El caso en que se extiende, el Tribunal Constitucional, es demoledor. Retrasos por bloqueo político en nombramientos, mayoría de afines políticos (¡incluso ministros!), tendencia a votar por bloques y no por criterios exclusivamente jurídicos, dilaciones tendenciosas en sentencias sobre inconstitucionalidad y cobertura de puestos por adscripción temporal.

Y también se constata una degradación con la diferenciación entre malversación con y sin ánimo de lucro, la amnistía para estos delitos y la correlación entre corrupción, falta de rendición y falta de profesionalidad en el sector público. También el desmantelamiento autonómico de los consejos de transparencia y deficiencias en la ley de protección a informantes.

Parece que van a llegar, por fin, la regulación de lobbies o de relaciones con la publicidad institucional. No soy capaz de dirimir si para bien o para mal.

Lo que sí puedo dirimir es la necesidad que tenemos en España que un espacio moderado, reformista y ajeno a los bloques políticos abandere las recomendaciones de este informe. Es tan importante mejorar el ejercicio de poder que la educación, las pensiones y otros aspectos más palpables.