La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: JUAN MANUEL SERRANO ARCE/EP¿Es un peligro la Agencia Tributaria para la democracia? El documental ‘Hechos probados’, centrado en Agapito García, el mayor moroso del país cuando se estrenó la lista de deudores en 2015, revela la maquinaria brutal de Hacienda para recaudar a toda costa.
Me gustaría tener la inocencia de un niño de seis años y no enterarme de nada. Está escrito en la Biblia: quien añade conocimiento, acumula dolor. Yo creía, ingenuo, que España era un Estado de derecho, donde había separación de poderes y regía el imperio de la Ley. Creía en eso y en el tiquitaca de los niños del difunto Luis Enrique. En ambos casos me equivoqué. No sabría decir cuál fue la mayor decepción de las dos.
Me caí del burro cuando vi el documental Hechos probados, del director Alejo Moreno. Hube de rebuscar en el estercolero de internet para encontrarlo. La mayoría de las plataformas han rechazado emitirlo. Es más fácil dar con suicidios en directo que hallar este documental. Parece que no interesa su difusión.
Estrenado en noviembre de 2021, Hechos probados recurre a la figura de Agapito García, que encabezó la lista de morosos cuando se hizo pública por primera vez en 2015, para explicar cómo funciona la Agencia Tributaria. El exministro Cristóbal Montoro ordenó su publicación un mes antes de las elecciones generales de aquel año y en pleno escándalo por la corrupción de su partido.
Hechos probados cuenta la batalla judicial de Agapito García contra la Hacienda Pública durante 25 años. En un principio fue acusado de simulación de contratos por la venta de su grupo empresarial a una multinacional en 1989, por un importe 25,2 millones de euros. García percibió esa cantidad en dos ejercicios, en 1989 y 1990. Después fue acusado de fraude fiscal; le pedían cuatro años de cárcel, pero el juez lo declaró inocente, según el documental.
Sin embargo, el pulso con la Agencia Tributaria, presentado como un leviatán que amenaza la democracia, lo perdió después de recurrir en todas las instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó su demanda. Agapito García acabó arruinado, se vio obligado a dejar su actividad empresarial cuando se hizo pública la lista de morosos, y estuvo en tratamiento psiquiátrico para evitar suicidarse. Llegó a ser ingresado en el sanatorio Esquerdo de Madrid. Conoció lo que es una camisa de fuerza.
El combate entre Agapito García y la Agencia Tributaria, demasiado largo de explicar en un solo artículo, refleja la indefensión del ciudadano ante Hacienda, que actúa como un brazo armado del poder ejecutivo.
El documental arranca con una cita de El proceso de Kafka y menciona la Declaración de Granada, suscrita por 35 catedráticos en 2018, que dice lo siguiente: “La Administración tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”. Apenas tuvo eco en los medios.
Hechos probados se sustenta en las opiniones y los análisis de más de una docena de expertos en Derecho. Los hay catedráticos como Matías Cortés y José María Martín Delgado; magistrados o jueces como Joaquín Huelin y Raimundo Prado; abogados como Javier Gómez Taboada y Diego Fernández, y funcionarios que ocuparon altos cargos en la Agencia Tributaria como Manuel Lamela, José Manuel Tejerizo e Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de este organismo entre 1998 y 2001.
Todos estos expertos en Derecho alertan, en mayor o menor medida, sobre la desprotección del contribuyente cuando Hacienda le reclama una deuda. Las garantías con que cuenta el ciudadano son más bien formales. Esta denuncia procede no de pelanas, como los hay en el Gobierno, sino de altos funcionarios que trabajaron para el organismo que sigue hoy las directrices de la inefable señora María Jesús Montero, elegida para esta responsabilidad por sus amplios conocimientos en medicina.
Yo creía que Hacienda éramos todos, pero vivía en el error. Es Hacienda contra todos. La voracidad de la Agencia Tributaria se agrava por dos circunstancias. En primer lugar, el sistema de retribución variable de los inspectores de Hacienda, que puede alcanzar el 40% de la retribución fija, según se indica en el documental. A mayor número de actas abiertas, más se cobra.
La segunda razón de la agresividad confiscatoria de Hacienda es su relación con el déficit público. En épocas como la presente o como la de 2015, el déficit está desbocado. Los gobiernos necesitan aumentar la recaudación fiscal como sea para reducir el déficit ante Bruselas. Y ese “como sea” quiere decir que algunos inspectores serán conscientes de que muchas liquidaciones practicadas a los contribuyentes son de dudosa legalidad y, por tanto, motivo de reclamación posterior.
Cuando se estrenó el documental había 300.000 asuntos por resolver en los tribunales económico-administrativos, integrados por funcionarios. La deuda tributaria se acercaba a los 20.000 millones de euros, según el documental. Si los jueces dan la razón a los ciudadanos que pleitearon contra Hacienda, el Estado —es decir, todos nosotros— deberá pagar, incluidos los intereses de demora.
“La mayoría de los contribuyentes renuncian a reclamar a Hacienda porque saben que lo tienen perdido”
En todo caso, lo normal es que la mayoría de los contribuyentes renuncien a su derecho de reclamación porque saben de antemano que el caso lo tienen perdido. Si quieres reclamar, primero tendrás que pagar la deuda o avalarla porque Hacienda, acogiéndose al principio de presunción de validez, tiene en principio la razón. Luego has de emprender la vía administrativa que puede durar seis o siete años, hasta llegar a la jurisdicción contencioso-administrativa. El juez te puede ser o no favorable. Mientras tanto, los intereses de demora siguen corriendo. ¿Quién tiene dinero para pagar la cuota, los intereses, el abogado, las tasas y las costas en caso de ser condenado?
Dos curiosidades más por si el Monstruo viene a veros. La primera es que una práctica habitual en los inspectores es esperar hasta el último momento para levantar el acta de una deuda, antes de que se cumplan los cuatro años de caducidad, porque de esa manera el contribuyente pagará más intereses de demora. Y la segunda es que si al inspector no le da tiempo a reclamar la deuda puede remitir el procedimiento a la jurisdicción penal, donde la caducidad era de cinco años cuando se estrenó el documental. El fiscal rara vez se opone a la pretensión del inspector. Si el juez te condena tienes el riesgo de acabar en un frenopático como Agapito García, o en la cárcel, donde es raro que coincidas con José Antonio Griñán.
