Foto: ISABEL INFANTES/EPVALÈNCIA (EP). Iberdrola ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional (AN) que investigue si el informe aportado por su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo --prueba clave de esta pieza separada del denominado 'caso Villarejo'-- es falso, tal y como argumenta la compañía eléctrica, antes de tomar declaración como investigado al presidente de la misma, Ignacio Sánchez Galán, el próximo 18 de enero.
En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa reclama al juez instructor que acuerde las diligencias pendientes antes de que entre el 17 y el 20 de enero interrogue como imputado a Sánchez Galán, al ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, al ex consejero-director general de Negocios (Business CEO) Francisco Martínez Córcoles, al ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo y a Iberdrola Renovables.
En concreto, la mercantil pone el foco sobre el informe elaborado por Del Olmo en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por CENYT, el grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo. Iberdrola se querelló en 2020 contra su antiguo directivo asegurando que se trata de un 'dossier' falso.
La energética recrimina a la sede judicial que desde que el pasado 12 de noviembre la Sala de lo Penal de la AN revocó el archivo de la querella y devolvió a Iberdrola su condición de perjudicada, instando específicamente al magistrado a decidir si este asunto se investiga en esta pieza separada o en un procedimiento distinto, "las cosas no han cambiado nada" porque no ha resuelto lo indicado ni la petición de la compañía para que Del Olmo comparezca como imputado.
En consecuencia, solicita que "se adopten las medidas necesarias, entre ellas la práctica de las diligencias de investigación solicitadas", para aclarar si el informe de Del Olmo es falso, lo cual --aduce Iberdrola-- permitirá determinar qué consecuencias tendría que efectivamente lo fuera para el "desenlace" de la causa.
A su juicio, "parece lógico" que estas actuaciones deben darse "de inmediato", puesto que sin dicho informe "no existe fuente de prueba alguna que apunte de un modo material contra los directivos de Iberdrola".
En general, la empresa reprocha al instructor que "la presente investigación penal se impulsa solo en un sentido" que iría "en claro perjuicio de Iberdrola", denunciando en este sentido que viene sufriendo un daño reputacional y económico por la forma de dirigir estas pesquisas.
A este respecto, menciona la frustrada adquisición en Estados Unidos de PNM Resources, valorada en 8.000 millones de dólares, porque la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México ha rechazado la operación aludiendo a la implicación de algunos directivos de Iberdrola en el 'caso Villarejo'. A ello --añade-- se suma la caída en Bolsa de las acciones de la mercantil española.
Además, ha querido recordar que, "precisamente con la finalidad de evitar esos daños", Iberdrola expresó su "voluntad de colaborar con la Justicia", algo que "por desgracia" cree que no se corresponde con "una actuación judicial que, por el momento, no protege sus legítimos intereses y derechos".
"La historia de la instrucción de los procedimientos penales en España --sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática-- muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la administración de justicia abiertamente anormal", remata.
En esta pieza separada número 17 del caso 'Tándem' --la macrocausa sobre los muchos y variados negocios privados de José Manuel Villarejo-- se investigan los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho al ahora comisario jubilado a lo largo de los años.
