Foto: ANTONIO PRADASVALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad va a modificar los requisitos de cualificación, formación específica y experiencia necesaria para la realización de acogimientos familiares de carácter especializado, a través de un proyecto de decreto que modifica la normativa autonómica y la adapta a la estatal, según ha informado la Generalitat.
Así lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, tras la reunión que ha tenido lugar esta mañana de la Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales, en la que se han aprobado este y otros temas.
Al respecto, ha explicado que desde su Departamento se ha elaborado el proyecto de decreto del Consell que modifica los decretos anteriores de regulación de la acogida familiar y del de regulación y coordinación de los órganos de la Administración de la Generalitat, de participación infantil y adolescente, y de protección de la infancia y la adolescencia, de acuerdo con la Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada por las Cortes Generales.
Entre algunas de esas modificaciones que incluyen los proyectos de decretos, ha destacado que las familias acogedoras especializadas, además de la cualificación en el ámbito sanitario, sociocomunitario y socioeducativo y de los informes técnicos favorables, también deberán tener "un mínimo de 100 horas de formación específica para poder atender a niñas y niños con necesidades especiales". Será la entidad pública la encargada de proporcionar formación continuada específica para las familias en estas modalidades de acogida.
La vicepresidenta también ha informado que, durante la reunión de la Comisión, se ha aprobado la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, impulsada por la Conselleria de Hacienda bajo la coordinación de la Conselleria de Sanidad.
En este tema, la vicepresidenta ha destacado que, por primera vez, se regula el juego "con un enfoque centrado en la persona y no como una simple actividad económica como se hacía hasta ahora".
Así, los principios en los que se basa la Estrategia son, por un lado, la prevención del juego patológico y de los perjuicios a las personas usuarias y, especialmente, a los colectivos sociales más vulnerables y, por otra parte, la protección de las personas menores de edad y de aquellas que tengan reducidas las capacidades intelectuales y volitivas, o se encuentran incapacitadas legal o judicialmente o inscritas en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunidad Valenciana o en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
Además, otros puntos clave que engloba son el respeto a las reglas básicas de una política de juego responsable y las medidas de intervención y control por parte de la Administración en sus diferentes ámbitos de actuación.
Respecto a las líneas concretas de actuación, la Estrategia se centra en cuatro: mejorar la prevención del trastorno de juego en la sociedad; potenciar la intervención con las personas afectadas por el trastorno de juego; impulsar la gestión del conocimiento, y regular la actividad del juego con criterios científicos.
Otro de los temas que ha aprobado la Comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales ha sido el proyecto de Orden de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la cual se regula la implantación y reglamentación de los institutos-escuela, que integran las enseñanzas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria de la Comunitat Valenciana.
Se trata de un nuevo modelo, el instituto-escuela, que se plantea como centro que puede responder a las necesidades de zonas socioeconómicas desfavorables, garantizar la oferta educativa en zonas rurales y mejorar el equilibrio y la redistribución de esta oferta.
El objetivo principal de la orden de Educación es dar cobertura legal a experiencias ya implementadas y que se originaron como medida para garantizar el éxito escolar.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
