El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil. Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El Ministerio del Interior ha renunciado finalmente a que la nueva normativa de la Guardia Civil sobre uniformidad prohíba que los agentes puedan lucir tatuajes en cabeza, cuello y manos. La decisión se adopta a pesar de contar el proyecto con el aval del Consejo de Estado, que veía "prudente" dar un año para eliminarlos al considerar necesario resguardar el servicio que se presta al ciudadano.
Según explican a Europa Press fuentes de Interior, la decisión de retirar la prohibición la ha ordenado el ministro Fernando Grande-Marlaska tras evaluarse el número "tan limitado" de agentes a los que le afectaría la entrada en vigor de una medida que había levantado algunas críticas internas entre asociaciones representativas de la Guardia Civil.
La intervención de Grande-Marlaska para retirar la prohibición de lucir tatuajes en zonas visibles se adopta pese a que con fecha de 1 de octubre el Consejo de Estado dio el visto bueno al texto del Real Decreto de uniformidad de la Guardia Civil, paso previo a su aprobación definitiva por parte del Gobierno.
La crítica principal al texto se centró en una disposición que daba un plazo de un año para eliminar los tatuajes en cabeza, cuello y manos, de ahí que el Consejo de Estado -pese a considerar el tiempo "prudente y amplio"- recomendara un texto alternativo, de forma que se consiguiera "sortear cualquier género de duda sobre la aplicabilidad de la nueva ordenación".
En su dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, el Consejo de Estado subrayaba que los cometidos de los guardias civiles como agentes de autoridad "resultan contrarios a exhibir tatuajes en determinadas zonas de primera visibilidad (cara, cuello, manos), lo que puede afectar negativamente a la imagen de la Guardia Civil".
"Puede parecer extraño e incluso indecoroso a los ciudadanos, además de contraproducente para el desempeño de determinados servicios de investigación", sostenía la resolución que incluía un voto particular.
En este sentido, citaba un informe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil para recordar que determinadas organizaciones criminales se sirven de los uniformes del Cuerpo para llevar a cabo actividades delictivas y que "hasta hace no mucho tiempo la cultura del tatuaje se vinculaba a ambientes carcelarios o delincuenciales".
"Son distintivos personales que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de la fuerza actuante al ser identificados", razonaba, aunque acto seguido reconocía la "evolución a una nueva realidad social a la que no se puede mostrar ajena la Guardia Civil" --ni tampoco las Fuerzas Armadas, citando para ello su reglamento de ingresos--, de ahí que entendiera que la norma "pueda prohibir que presenten tatuajes en manos, cabeza y cuello".
La norma prohíbe, de forma general, cualquier tipo de tatuaje contrario a los valores constitucionales o que pongan en cuestión la neutralidad política y sindical de la Guardia Civil. La asociación profesional AUGC planteó ante el Consejo de Estado su queja por el plazo de un año para eliminar aquellas inscripciones visibles en cuello, manos y brazos.
En su trámite, el Ministerio de Defensa se mostró disconforme con algunos aspectos de la norma, pero el Consejo de Estado resolvió que se trataba de una "copropuesta" de ambos ministerios -Interior y Defensa- con el objetivo de preservar que el "aspecto externo del guardia civil (en especial, en lo referente al uso de tatuajes en las zonas prohibidas) no induzca a error, desconcierto o confusión en cuanto a la condición del agente actuante".
"No se aprecia que pueda hallarse una vulneración de derechos fundamentales", añadía el Consejo de Estado ante la queja elevada por AUGC. Las citadas fuentes de Interior han defendido la necesidad de regular por Real Decreto el uso de uniformidad, agradeciendo la labor de la Dirección General de la Guardia Civil y de las asociaciones profesionales, ya que entienden que, en lo que respecta a tatuajes, lo importante es regular su uso siempre que se respeten los valores constitucionales.
