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la diputación supera el techo del gasto y hacienda pone el ojo en sus cuentas

Intervención avisa que la 'generosidad' de la era Moliner hace peligrar el presupuesto provincial

23/10/2019 - 

CASTELLÓ. La 'generosidad' de la última etapa de Javier Moliner como presidente de la Diputación de Castellón pone en riesgo la capacidad de maniobra financiera de la institución para los dos próximos años. Un informe de Intervención alerta que "no se cumplirá la regla del gasto" al concluir 2019, lo que provocará un mayor control de las cuentas a cargo del Ministerio de Hacienda en 2020 y 2021.

El incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria abocará a la institución, presumiblemente, a formular un plan de choque, que condicionará sus inversiones. Además, deberá contener las previsiones de ingresos y gastos, la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas correctoras, señalando los registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. Otro aspecto importante obedecerá al análisis de sensibilidad valorando escenarios económicos alternativos.

La principal particularidad del plan económico-financiero residirá en que su aprobación no dependerá exclusivamente de la Diputación. En última instancia será el Ministerio de Hacienda el que validará los números. 

Esa fiscalización impedirá licencias presupuestarias y supeditará gran parte de la gestión de José Martí en la primera mitad de la legislatura. Al menos, mientras Intervención siga considerando que se incumple la regla o techo del gasto, que no es más que un mecanismo fiscal que sirve como instrumento de control del equilibrio de las finanzas.

La advertencia sobre la infracción trascendió este martes durante la celebración del pleno de la Diputación, a raíz de la propuesta del Partido Popular para "aplicar" el superávit de 10,3 millones de euros del 2018 a inversiones financieramente sostenibles mediante un segundo Plan 135.

 

El diputado de Hacienda, Santiago Agustí, no fue el único que aludió al informe, que desaconseja la medida planteada por el PP. También el representante de Cs, Domingo José Vicente, y el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. Los tres recalcaron lo "peligroso e irresponsable" de obviar el aviso de Intervención, que "hipotecaría" la institución a corto y medio plazo.

El principal partido de la oposición, con 11 escaños, se quedó solo en este tema pese a la defensa a ultranza de Salvador Aguilella. "Tenemos más de 100 millones en caja y no hay riesgo de estabilidad. Tampoco de pago a proveedores. La ley lo permite", reiteró.

El discurso, empero, ni siquiera convenció a Ciudadanos para encontrar a un aliado. Sus dos diputados, al igual que socialistas y nacionalistas, rechazaron el dictamen. "No busque rédito electoral", le reprochó Vicente al representante popular.

Agustí se mostró más crítico y aseguró que la propuesta del PP “no resulta viable por razones técnicas y porque, estando tan avanzado el año, sería imposible cumplir los plazos y acabaríamos destrozando el presupuesto de 2020, que es lo que ha ocurrido con el de 2019”.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad, que recoge el objetivo de estabilidad financiera y de la regla de gasto, se aprobó durante el mandato del presidente Mariano Rajoy. En consecuencia, “lo más probable es que la institución se vea abocada a formular un plan económico para el periodo 2020-2021, que reducirá de forma sustancial su capacidad de inversión y que únicamente se podría eludir en el caso de que la citada ley dejara de estar en vigor”, concluyó el diputado de Hacienda.

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