Intervención del Consell pide al Hospital Provincial un método para evitar posibles fraudes en contratos

CASTELLÓ.  El Hospital Provincial de Castelló recibe desde hace años correcciones de la Sindicatura de Comptes por realizar parte de sus contrataciones sin seguir la tramitación correcta.  La última auditoría realizada por la Intervención General de la Generalitat indica que el 48 % de los gastos ejecutados por el centro en 2022 incumplen los principios de la contratación pública. Así, propone una serie de recomendaciones para reforzar la gestión interna, entre otras, insta a impulsar un método interno para evitar posibles "fraudes o irregularidades". 

La Intervención, dependiente de la Conselleria de Hacienda, ha realizado un análisis económico de las entidades públicas que integran el sector público de la Generalitat y las universidades públicas. El Hospital Provincial forma parte de un Consorcio que está adscrito a la Generalitat pero que funciona con un modelo autónomo. Su gestión está ligada a un convenio firmado entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación de 2003. El Gobierno valenciano aporta financiación a gastos vinculados a sus actividades pero el centro no tiene participación directa en los fondos propios de la Conselleria.

La Sindicatura de Comptes señaló en su informe de 2022 que el Hospital mantuvo la práctica de ejercicios anteriores de adquirir bienes y servicios y pagarlos sin la tramitación previa de los preceptivos expedientes de contratación.

La auditoría de la Intervención General incide en ello y señala que "de forma recurrente el Consorcio ha recibido servicios y suministros sin el oportuno expediente de contratación". Esta situación se mantuvo en 2022, alcanzando los 18,4 millones de euros, unos gastos que representaron, añade el informe, el 44 % del total del ejecutado en bienes y servicios.  

Autoevaluación de riesgos de fraude

El organismo de la Conselleria de Hacienda aconseja para mejorar la gestión una serie de acciones, como una autoevaluación de los riesgos de fraude a los que se expone el centro; revisión periódica de los sistemas de controles internos establecidos por la entidad; puesta en marcha de un código ético en materia de gestión económica y financiera de aplicación al personal; así como el desarrollo de un método interno "para el caso de conocimiento de la comisión de fraudes o irregularidades en la gestión". 

Por otra parte, pide una revisión y actualización de los procedimientos de gestión económica implementados por la entidad, especialmente los referidos a la contratación de bienes y servicios, y la aprobación por el órgano de gobierno de los procesos a seguir para la gestión de los recursos financieros. 

2.500 millones, coste de la sentencia de la RPT

La auditoría cuantifica en 2.500 millones de euros el coste por cumplir la sentencia de marzo de 2023, que tumbó la última Relación de Puestos de Trabajo del hospital y reconoció el derecho de la plantilla a reclamar el importe correspondiente a la diferencia de los complementos desde el año 2020. 

Cabe recordar que el Consorcio aprobó en 2020 un organigrama de personal. En 2023, el Contencioso-Administrativo dio la razón a un recurso de CCOO e invalidó el cambio "por no ajustarse a derecho", lo que obligó a recuperar la estructura laboral de 2017.  

Ante tales circunstancias, la Conselleria de Sanidad trabaja para la reversión del Hospital Provincial al sistema sanitario autonómico, ya que según admitió el propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el modelo que impera en el Hospital General de València y del Provincial de Castelló genera problemas. "La integración es imprescindible", afirmó en diciembre el titular de Sanidad.

El Gobierno del Botànic inició el caminó pero no consiguió materializarlo. Este cambio fue puesto en cuestión en su momento por el PP de Carlos Fabra, que siempre apostó por conservar la idiosincrasia del Hospital Provincial.