CASTELLÓ. La Conselleria de Educación (Compromís) toma nota del informe de Territorio y Obras Públicas (PSPV-PSOE) sobre el Plan General de Castelló y se compromete a agilizar su tramitación, siempre desde la colaboración entre las administraciones para resolver aquellas cuestiones técnicas que requieren consensos. Fuentes del departamento de Vicent Marzà aclaran que el dictamen desfavorable al Estructural "no es vinculante", aunque sí plantean la necesidad de abordar de forma conjunta las posibles carencias en lo relativo a las unidades educativas.
Las mismas fuentes subrayan que "no estamos intentando bloquear nada, sino que explicamos las distintas pautas de actuación", además de informar "sobre las reuniones celebradas hasta ahora con el Ayuntamiento", precisan.
Desde Educación se insiste en que hay una relación directa entre el Plan Estructural y el Pormenorizado, las dos herramientas del planeamiento urbanístico. En consecuencia, y para evitar problemas en el futuro, zanjar la cuestión de la reserva de suelo forma parte del debate actual. Una apreciación que no comparte la Comisión Territorial de Urbanismo, como así le trasladó a través de un escrito el pasado 27 de septiembre. Al respecto, todavía no se ha producido la respuesta oficial por parte de la Conselleria que controla la formación valencianista. En principio, se producirá en los próximos días.
Territorio sigue analizando los distintos documentos de las entidades implicadas para aprobar el reseñado Estructural en noviembre o diciembre. De los informes más importantes, los que dependen de Costas, Puertos y Carreteras del Estado continúan sin llegar pese a haber expirado el plazo legal. La falta de noticias por parte de los Ministerios para la Transición Ecológica y Transportes y Movilidad preocupa relativamente. Si bien están obligados a informar, si no lo hacen cuando haya que tomar una decisión, se entenderá que los informes son favorables, de acuerdo con lo que establece la ley.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló mantiene la esperanza de validar el Plan General antes de acabar el año, independientemente de las diferencias con Educación respecto a la interpretación de determinadas matizaciones técnicas. En este sentido, mientras la Conselleria reclama una revisión del suelo para las unidades educativas y documentación adicional, el ejecutivo local defiende que existe suficiente reserva en el planteamiento urbano.
Por otro lado, y a propósito de la tramitación, cabe recordar que las normas urbanísticas transitorias de urgencias garantizan cierto margen, teniendo en cuenta que no expiran hasta abril de 2022. Así lo establece la última prórroga, que el Consell autorizó a mediados de febrero de este año, a petición del consistorio ante la imposibilidad de cumplir los plazos. Las 570 alegaciones formalizadas durante la segunda exposición pública evidenciaron la dilatación de los tiempos.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.