La cruz de Ribalta se cuela en el pleno y el PP avisa al Acord de Fadrell con una nueva escalada judicial

CASTELLÓ. La Cruz de los Caídos del parque Ribalta vuelve a cobrar protagonismo en el debate político local a raíz de una moción presentada por Vox en el pleno del Ayuntamiento de Castelló, celebrado este jueves. Más allá del contenido de la iniciativa, reclamando que todas las crucetas del término municipal sean declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC), la discusión entre los grupos evidenció que la eliminación del símbolo franquista, como así lo cataloga el equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), vaticina futuras escaladas judiciales.

Al menos, así lo deslizó el concejal del PP, Vicent Sales, a la hora de explicar el respaldo de su formación a la propuesta de la fuerza de extremaderecha y que no salió adelante por los votos en contra del Acord de Fadrell. "Si se destruye [el vestigio] simplemente por fanatismo y odio religioso, entonces igual la que necesitará protección no será la cruz, sino la Junta de Gobierno. En concreto, la protección de un buen equipo de abogados", advirtió el representante popular.

En el fuego cruzado entre la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz (Compromís), y el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, el lábaro de Ribalta siempre estuvo muy presente en el ambiente pese a que no se hizo mención explícita en ningún momento. No obstante, en el trasfondo de la porfía se adivinó una maniobra de la derecha a fin de proteger jurídicamente la figura, ya que su catalogación como BIC impediría aplicar la Ley de Memoria Histórica.

El punto 240 del Acord de Fadrell

Al respecto, cabe señalar en el punto 240 del documento programático del Fadrell se recoge "el cumplimiento" de la normativa valenciana con el propósito de retirar la simbología de exaltación franquista, eliminando además "la Cruz de los Caídos del parque Ribalta". En realidad, se trata de un proyecto heredado de la legislatura pasada, cuya ejecución quedó pendiente a consecuencia de un recurso interpuesto por la Asociación Abogados Cristianos en el Contencioso-administrativo y que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV).

La sesión de este jueves también puso de manifiesto las distintas posturas entre el tripartito y la oposición respecto a cuestiones como la semana no lectiva de la Magdalena y la reclamación presentada por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc) ante el TSJCV a propósito de un artículo de las ordenanzas fiscales y que afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En el primer caso, tanto el PP como Ciudadanos interpelaron a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, sobre qué solución piensa adoptar, delegando ésta en el concejal de Educación, el valencianista Francesc Mezquita, quien se comprometió a responder por escrito.

Por lo que se refiere al segundo contencioso, el concejal de Hacienda, David Donate, explicó que se produjo un error de transcripción con el tipo diferencial en el documento de exposición al público, que no se subsanó hasta la aprobación definitiva, y eso es lo que ha motivado la alegación de Apecc. Todos los grupos, a excepción del popular, aprobaron la propuesta de personarse en el contencioso-administrativo.

Sí que hubo consenso para aprobar dos declaraciones institucionales, una de Cs sobre la reducción al 10% del IVA a las peluquerías y otra para dotar de mayor información y transparencia a los municipios ante la covid-19, presentada por el PP. La iniciativa de Podem-EUPV acerca de los fondos de reconstrucción, priorizando a las pymes, no se trató en el plenario al ser vetada por el partido liberal y Vox en la junta de portavoces previa a la sesión.