CASTELLÓ. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (ARIVAL) alerta del riesgo que tiene el descenso demográfico y la falta de relevo generacional en las explotaciones mineras de las comarcas rurales, así como la garantía de abastecimiento de las obras y el mantenimiento de las infraestructuras de estas comarcas.
Arival ha estado trabajando para conocer la situación socio económica de las comarcas rurales donde se encuentran ubicadas explotaciones mineras, las cuales proporcionan los minerales necesarios para la vida diaria de los habitantes de esas poblaciones.
Destacando la provincia de Valencia y Castellón donde el 53% y el 60%, respectivamente de los municipios del territorio se pueden considerar áreas con riesgo de despoblación. Si bien, en la provincia de Alicante, el 24% de los municipios están reflejando datos de descenso de población, todavía hay una mayoría que permanece estable o en aumento.
Desde Arival aseguran que esta información ha sido trasladada a las instituciones valencianas, como las diputaciones provinciales, la agenda valenciana contra la despoblación. Y se han propuesto acciones relacionadas con el cumplimiento del Plan Integral de Gestión de Residuos, donde las empresas del sector encajan como actores plenos en este nuevo escenario de la gestión de RCD,s y en la fabricación de áridos reciclados y artificiales procedentes de fuentes secundarias.
Además de apostar por el fomento del asentamiento demográfico, a través del desarrollo de planes de formación para capacitar a trabajadores en activo sobre la especialización de la recuperación medioambiental.
Asimismo, y pese a que el sector ha puesto en marcha diversas iniciativas que pretenden acercar la minería a la sociedad, todavía existe una gran preocupación entre las empresas provocada por la inseguridad jurídica que sigue sufriendo el sector y su repercusión en el desarrollo económico y social de la comunidad.
Actualmente, las empresas del sector de los recursos minerales siguen prestando sus servicios, cumpliendo con el protocolo de seguridad adaptado para asegurar la protección de la salud de sus trabajadores, y con las medidas exigidas por el actual estado de alarma.