CASTELLÓ. La Diputación de Castellón fomenta las buenas prácticas en la gestión de residuos con la adjudicación del servicio de educación ambiental. La Junta de Gobierno celebrada este viernes en el Palacio Provincial ha aprobado la adjudicación de los tres contratos del servicio de educación, comunicación y participación ambiental para la mejora de la gestión de los residuos domésticos y asimilables en los municipios con menos de 5.000 habitantes. "Con la nueva contratación vamos a reforzar las tareas de concienciación entre la ciudadanía y lograr, así, una mejora en el comportamiento ambiental y fomentar la economía circular en nuestro territorio", ha explicado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.
La dirigente provincial ha incidido en que "hemos reorganizado el servicio de educación ambiental con el fin de ser más eficaces y eficientes, ofreciendo un servicio útil a la ciudadanía". A su vez, la presidenta de la Diputación de Castellón ha subrayado que "desde la institución provincial aplicamos todos los mecanismos posibles para mejorar la gestión de residuos, incentivar el reciclaje y amortiguar así el duro golpe del 'tasazo' impuesto por el Gobierno Central".
Al respecto, además de la reorganización del contrato del servicio de educación ambiental para una mayor eficacia y eficiencia, desde la Diputación de Castellón plantan cara a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno incrementando un 127% el presupuesto para asumir la gestión administrativa y contractual de este tributo en 59 municipios. Así, en las cuentas provinciales del 2025 la institución provincial reserva 3,2 millones de euros para la licitación de los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios, frente a los 40 que había hasta el momento y que suponían 1,4 millones. Y, además del incremento anunciado para el contrato, la Diputación amplía la encomienda de gestión para que puedan adherirse los municipios de menos de 20.000 habitantes
Con esta nueva medida, han formalizado su solicitud más de 20 municipios, los cuales se sumarían a los 59 municipios actuales, sumando un total superior a 80. En un futuro, a la encomienda de gestión por parte de la Diputación de Castellón podrían adherirse hasta 127 municipios de la provincia, "una ampliación que permite fortalecer la red de apoyo y responder de manera efectiva a las necesidades reales de los municipios", ha expresado Marta Barrachina.
La presidenta de la Diputación ha recordado que, a causa de una decisión del Gobierno Central, todos los ayuntamientos van a estar obligados a cobrar una tasa de residuos a sus vecinos. Una medida recomendada por la Unión Europea "pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España y ha sido impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarlo adecuadamente", lo que está generando una gran dificultad para muchos de ellos, especialmente para los municipios más pequeños dado que los ayuntamientos no disponen de la capacidad económica ni técnica ni jurídica suficiente para poder afrontar el nuevo escenario. Como respuesta, la institución provincial ofrece a los municipios la posibilidad de delegar la gestión de la nueva tasa residuos en la Diputación, que se encargará directamente de la recaudación.
Recordar además que en el pleno del mes de octubre, la institución provincial aprobó una moción impulsada por la institución provincial para exigir al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Volviendo al servicio de educación ambiental, éste se va a llevar a cabo a través de la proximidad a la ciudadanía, el comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en materia de gestión de residuos y los nuevos criterios y oportunidades de la economía circular a nivel municipal, con la finalidad de mejorar el comportamiento ambiental y para dar cumplimiento de los objetivos y principios de la política de residuos regulados en la normativa. Un servicio con el que también se pretende fomentar la economía circular en el territorio. En ese sentido, tanto la información de las consecuencias negativas sobre el medio ambiente que tiene el uso incorrecto de productos como la prevención de éstas forman parte de las actuaciones incluidas en el servicio. También se va a promover la participación activa de la ciudadanía, empresas, y entidades sin ánimo de lucro para conseguir la reducción en la producción de residuos y su peligrosidad, y se va a hacer particular énfasis en las acciones de sensibilización para evitar el abandono de residuos tanto en espacios naturales continentales terrestres como acuáticos y de ecosistemas marinos.
Una de las novedades que contempla el servicio es que cada educador ambiental estará destinado a un sector de forma permanente para lograr un servicio más óptimo. "El servicio puede ser muy beneficioso para lograr mayor concienciación ciudadana en cuanto a la gestión de residuos si se coordina y se gestiona de una manera eficaz, tal y como lo vamos a hacer a partir de ahora", ha explicado el diputado de Residuos, Ximo Llopis. El conjunto de todo el contrato que contempla acciones de educación ambiental, acciones de comunicación ambiental y acciones de participación ciudadana asciende a un importe total de 492.258,88 euros.
Añadir que también se incorporan como líneas de trabajo dentro de la actuación en materia de educación ambiental, la concienciación sobre la erradicación del hambre en el mundo, la reducción del desperdicio de alimentos, la gestión eficiente de los recursos naturales, la prevención en la producción de residuos no biodegradables, la conservación y protección de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
