CASTELLÓ. (EP). El presidente de la Diputación, José Martí, ha informado de que en el pleno ordinario de este martes correspondiente al mes de junio se procederá a la aprobación definitiva del Plan 135 de Cooperación de Obras y Servicios para el presente ejercicio de 2021, que asciende a 12.406.228,98 euros. Se trata del último paso administrativo necesario, después de que en el pleno celebrado el pasado 20 de abril se produjera la aprobación inicial y posteriormente se hayan resuelto las alegaciones presentadas por los ayuntamientos. El documento que este martes será ratificado contempla una partida de 8.366.352,44 euros en concepto de inversiones en obras y 4.039.876,54 como gasto corriente.
Martí ha recordado que en 2021 las bases del Plan 135 son más flexibles que ejercicios anteriores "para dotar de mayor libertad y autonomía de decisión a los ayuntamientos a la hora de invertir estos fondos procedentes de la Diputación, sin que la Diputación aplique ningún tipo de tutela". Según ha explicado, se han suprimido los porcentajes tope de gasto para inversiones y gastos corrientes, una regla que hasta el año pasado solo afectaba a los 8 municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes y de la que ahora se pueden beneficiar los 127 pueblos restantes.
Además, a partir de la adjudicación de las subvenciones, cada ayuntamiento recibirá el 75 por ciento de la inversión que le corresponde, y no el 50% como venía ocurriendo hasta ahora. El resto del dinero será transferido a las arcas municipales una vez la ayuda esté justificada. Alguna de las obras más destacables son el acondicionamiento del jardín de la calle Cortes Valencianas en Vila-real, dotado con un presupuesto de 126.000 euros; la construcción de la pista multideportiva en Peñíscola (102.633,67 euros); o la construcción del Centre Cultural Casal Jove de Benlloch (con un presupuesto total de 106.085,24)
Estas mejoras sustanciales se suman a otros cambios que ya se aplicaron en 2020 cuando se introdujeron criterios de discriminación positiva a favor de los pueblos más pequeños y se eliminó la obligatoriedad de ingresar en las arcas de la Diputación las cantidades resultantes de las bajas de las obras. Desde entonces, los ayuntamientos pueden quedarse con esos recursos y destinarlos a gasto corriente, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
Según ha explicado el diputado de Cooperación con los Ayuntamientos, Ximo Huguet, "son cambios que dotan de mayor liquidez a los ayuntamientos" introducidos en los dos primeros años de mandato del equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, y que "se han diseñado para dar respuesta a las peticiones realizadas por las alcaldesas y los alcaldes en las reuniones previas a la configuración de los presupuestos de 2020 y 2021".
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