La Diputación provincial se une para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana

23/09/2019 - 

CASTELLÓ. El pleno ordinario del mes de septiembre de la Diputación de Castellón aprobará este martes una declaración institucional para reclamar al Gobierno una financiación justa para la Comunitat Valenciana. Lo hará una vez que los cuatro grupos políticos representados en la entidad hayan consensuado un texto, que han firmado los portavoces del PSPV, Santiago Pérez; Compromís, Ignasi Garcia; PP, Vicent Sales, y Ciudadanos, Cristina Fernández.

La propuesta de acuerdo recoge cuatro puntos. Por un lado, reclamar la reforma inmediata del sistema de financiación, convocando para ello de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que de esta forma establezca un nuevo modelo con recursos suficientes que se repartan de forma equitativa entre todas las autonomías. Esto posibilitaría a la Comunitat Valenciana tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer sus competencias propias. En definitiva, "un nuevo sistema de financiación equitativo, transparente y eficaz en el que se eliminen las desigualdades", tal y como recoge el texto de la declaración institucional.

Como segundo punto aparece el reconocimiento de los déficits de financiación acumulado por los diferentes sistemas de financiación y establecer mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores. 

A ello se une la necesidad de articular de manera inmediata los mecanismos necesarios para transferir a las Comunidades Autónomas los recursos retenidos por el Ministerio de Hacienda

Por último, la declaración institucional contempla dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Consell, a las Cortes Generales, a Les Corts Valencianes y a todos los ayuntamientos de la provincia.

Acuerdo también contra los peajes blandos

El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón ha destacado la actitud positiva de todos los grupos para lograr el consenso, algo que se ha conseguido también con una segunda declaración institucional a favor de las infraestructuras pendientes y en contra de los peajes, que también se incorpora el orden del día de la sesión plenaria de este martes después de que los grupos hayan alcanzado un acuerdo tras las diferencias iniciales en el texto.
 
Santi Pérez, portavoz del grupo socialista, valora positivamente el consenso entre las cuatro fuerzas de la Diputación, "gracias especialmente al talante y diálogo del presidente, dispuesto a ceder para poder llegar a acuerdos con los partidos políticos". Además, Pérez destaca que es necesaria la declaración institucional para reclamar la financiación, "porque la Comunitat Valenciana ha sufrido durante muchos años el sistema anterior, que ha conllevado una infrafinanciación injusta".

"Pedimos un sistema más eficaz, equitativo y transparente para que el modelo de autonomías en el que creemos pueda desarrollarse con mayor eficacia, todo ello en beneficio de los ciudadanos, que tendrán así mejores servicios en aquellas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas", ha destacado.
 
Por su parte, el portavoz del Compromís, Ignasi Garcia, ha celebrado que la Diputación "por fin haya dejado de mirar hacia otro lado y haya reconocido como propio el problema de la infrafinanciación que, lejos de solucionarse, parece haberse agravado". En esta línea, ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado "han recortado las inversiones en la provincia de Castellón a la mitad durante los últimos 15 años". Concretamente, en 2004, estos contemplaban líneas por valor superior a los 282 millones de euros; en 2009, esta cifra era de 230 millones (un 20% menos); y en 2018, había descendido a los 141 millones de euros (el 50% menos).
 
Garcia ha añadido que esta situación "se hace extensiva en toda la Comunitat Valenciana y por eso hemos pedido una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular inmediatamente los mecanismos necesarios que transfieran los recursos retenidos por el ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas".

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