CASTELLÓ. La Diputación Provincial de Castellón ha mostrado su rechazo a la financiación singular para Cataluña. El pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, y celebrado este martes, ha comenzado guardando un minuto de silencio por parte de la corporación provincial ante el presunto caso de violencia de género ocurrido este lunes en la ciudad de Castelló.
Durante la sesión se ha aprobado una moción presentada por el gobierno provincial (PP) y en la que se rechaza la implementación de un sistema de financiación singular para Cataluña, considerando que vulnera los principios de igualdad entre los ciudadanos españoles y la solidaridad interterritorial, ambos fundamentales en la Constitución Española. Los populares han contado con el voto favorable de Vox y en contra del PSPV y Compromís.
El diputado y portavoz del PP, Sergio Toledo, ha lamentado el rechazo de la oposición y ha expresado que esta medida que formaría parte del acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya para un acuerdo de investidura, "supone un privilegio para unos pocos que perjudicará a todos los castellonenses y que puede poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos de nuestra provincia".
Ante esta situación, el diputado provincial ha incidido en que "la Diputación de Castellón no puede mirar a otro lado mientras se trate de forma diferente a ciudadanos de dentro y de fuera de nuestra provincia". "No pedimos ser más que nadie pero tampoco menos y lo mínimo es que en esta defensa de la igualdad de los castellonenses con el resto de españoles estuviésemos todos unidos", ha remarcado.
El portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha mostrado su firme rechazo en el pleno respecto al sistema de financiación singular para Cataluña, ya que supone, según sus propias palabras, “la destrucción de nuestra democracia y del propio Estado español”. Ferrer. Además, ha subrayado que "es el propio sistema autonómico en sí el que está llevando a la ruina a España" y ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acabará vendiendo a los españoles en su propio beneficio político para continuar en el poder".
Por su parte, el grupo socialista de la Diputación de Castelló, a través de su portavoz, Samuel Falomir, ha abogado este martes en el pleno por abrir el debate "responsable y serio" sobre la reforma del sistema de financiación autonómico "para acabar con un modelo que nos perjudica y lastra nuestro futuro". "No hay que tenerle miedo al debate. Ahora es el momento de ir de la mano, sin buscar el enfrentamiento con Catalunya, para conseguir el mejor sistema de financiación para nuestra tierra", ha subrayado Falomir, quien ve compatible una financiación singular para las comunidades autónomas siempre que se garantice la solidaridad interterritorial. "Queremos más financiación y más competencias para una tierra con vocación de autogobierno".
En otro orden de cosas, el pleno ordinario ha aprobado una moción para promover la instalación de cambiadores inclusivos. La iniciativa ha sido presentada por Compromís, que ha aceptado una enmienda del PP. A través del acuerdo, que ha contado con los votos a favor del gobierno, PSPV y la coalición valencianista y la abstención de Vox, la Diputación insta a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a que, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, elabore un estudio con el apoyo y asesoramiento de las asociaciones y entidades valencianas que trabajan para mejorar la calidad de vida de los potenciales usuarios de cambiadores inclusivos.
"Celebramos el voto favorable de la mayoría de la corporación, y nos ha sorprendido mucho la abstención y la justificación de Vox, porque consideramos necesario y esencial garantizar que todas las personas puedan acceder a instalaciones sanitarias dignas, seguras y adaptadas", ha explicado la diputada de Compromís, Maria Fajardo.
Por último, el PP, con el apoyo de Vox, ha rechazado las mociones presentadas por socialistas y valencianistas garantizar el suministro de agua en las explotaciones ganaderas de la provincia y para exigir la derogación del Decreto ley Simplifica, respectivamente. En el turno de ruegos y preguntas, los diputados de Compromís han reclamado a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, por un lado, que garantice la continuidad del MIAU, dado que la organización del festival ha emitido un comunicado en el cual denuncia la inacción del Ayuntamiento de Fanzara respecto a la petición de archivar la ordenanza que censura el trabajo de los artistas y establece el 15 de septiembre de 2024 como fecha límite para la resolución del conflicto. En caso contrario, el MIAU abandonará el proyecto en la localidad de Fanzara y procederá a la restitución de las paredes en su estado original.
Por otro lado, la coalición ha instado a la Diputación a actuar ante la derogación del Consell, en junio, de la exención de tasas portuarias para los barcos humanitarios a petición de Vox y con efecto retroactivo desde 2021. Así, la coalición exige que se hagan las gestiones necesarias "para que el Consell quite esta tasa tan injusta o busque mecanismos para que la Diputación ayude a hacer frente a la misma a las ONG", ha defendido el portavoz, David Guardiola.
