CASTELLÓ. La Diputación de Castellón contará a partir de ahora con todos los recursos humanos y técnicos de Tragsa para hacer frente a emergencias o catástrofes que puedan suceder en el ámbito de la provincia. Esto es posible desde este viernes gracias a la incorporación de la institución provincial al accionariado de esta empresa pública. La entrada se ha hecho efectiva con la compra de un título valorado por 8.225 euros.
El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha calificado esta incorporación como "un paso positivo" que permitirá mejorar y acelerar los tiempos de respuesta ante temporales o desastres de diferente naturaleza. Como entidad miembro, ha explicado Martí, "podremos completar los trabajos que, de forma impecable, lleva a cabo el Consorcio Provincial de Bomberos en episodios de emergencia con un plantel de 11.000 trabajadores y 1.200 máquinas de forma casi inmediata".
Hasta el momento, en situaciones de colapso la Diputación tenía que licitar servicios tales como el alquiler de palas o de vehículos de rescate-para ampliar su capacidad de respuesta o incluso recurrir a otras administraciones como intermediarias para que solicitaran la actuación de Tragsa. Para Martí, ambos métodos dilataban demasiado en el tiempo "una respuesta que debe de ser instantánea", porque hay vidas en juego, "por eso nada más entramos al Palacio de las Aulas pusimos sobre la mesa la búsqueda de soluciones que agilizaran la respuesta ante catástrofes".
Como anécdota de lo que pasaba, Martí ha recordado que durante el pasado temporal Gloria "apelamos a la Generalitat para que solicitara el apoyo de Tragsa en las tareas de limpieza de la nieve en el interior de Castellón, con la peculiaridad de que trabajaron todo el tiempo bajo nuestro mando". "Ahora, como parte de la empresa, ganaremos mayor celeridad a la hora de actuar en caso de emergencia al no haber intermediarios ni papeleos de por medio".
Actualmente, Tragsa está participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI y la Administración General del Estado y, en menor grado, por las comunidades y ciudades autónomas y diputaciones provinciales y cabildos y consejos insulares.