CASTELLÓ. La segunda exposición pública del Plan General de Castelló también se realizará de forma virtual y a la carta. Además de facilitar la consulta de manera física, para lo que el Ayuntamiento trabaja en habilitar un espacio público, los dos documentos del marco urbanístico (las piezas estructural y pormenorizada) podrán revisarse a través de la página web municipal en unos enlaces creados ex profeso.
Del mismo modo, el equipo de gobierno organizará reuniones telemáticas con colectivos vecinales y otras asociaciones para llegar al máximo número posible de personas. Incluso, ofrecerá la posibilidad de celebrar encuentros personalizados con profesionales para resolver aquellas dudas que requieran asesoramiento técnico. En este caso, las convocatorias se desarrollarán mediante cita previa en un emplazamiento por determinar ante la necesidad de cumplir las medidas sanitarias por la covid-19.
Después de la aprobación del Plan General adaptado a la Declaración ambiental y territorial estratégica (Date) este pasado jueves, el Acord de Fadrell confía en abrir la consulta popular entre el 4 y el 11 de enero de 2021, semana en la que se prevé aparezca publicado el acuerdo plenario en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). No en vano, el departamento jurídico del consistorio ya se ha puesto en contacto con el servicio de publicaciones del Consell para conocer qué pasos debe seguir con vistas a insertar la resolución en esas fechas, ya que la tramitación administrativa exige su divulgación en el boletín autonómico para iniciar la exposición al pública de 20 días hábiles.
El proceso de participación ciudadana no será tan multitudinario como el que impelió el entonces Pacte del Grau en noviembre de 2016. En total, se realizaron 17 reuniones abiertas, con 1.300 asistentes y más de 368 encuestas. El Ayuntamiento de Castellón recibió 937 alegaciones, entre las 525 a la parte estructural y las 412 a la pormenorizada, una cifra muy por debajo de las más de 5.000 que se presentaron al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del PP en el año 2000 y que el Tribunal Supremo anuló en 2008.
El grueso de las objeciones provino de los distritos Oeste y Este, de los grupos periféricos, del centro histórico y del acceso norte. Otros ámbitos como la Marjaleria, la conexión Castelló-Grau, la zona litoral y las urbanizaciones de montaña también fueron objeto de reclamaciones, al igual que el Serrallo o la zona industrial de la carretera de l'Alcora.
Al tratarse de 20 días hábiles, la segunda exposición pública se alargará todo enero. Una vez cerrado el plazo, los técnicos analizarán cada una de los recursos con el propósito de estudiar su posible viabilidad, estimándose parcial o totalmente para incorporarse al Plan General. La resolución de los escritos deberá aprobarse en un nuevo pleno para posteriormente remitir el expediente a la Conselleria de Obras Públicas, que tendrá que pronunciarse en un sentido u otro. En el caso de avalar el planeamiento urbanístico, la corporación volverá a convocarse en una sesión, presumiblemente extraordinaria, a fin de verificar definitivamente el programa que regula la configuración y crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años.
El ejecutivo local aspira a completar todas estas etapas antes del 1 de abril de 2021, mes en el que teóricamente expirará la última prórroga de las normas urbanísticas transitorias concedida por el Consell. No obstante, debido a la paralización que hubo entre marzo y mayo por el primer estado de alarma, existen dudas respecto a esa fecha de finalización, que podría extenderse hasta julio.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.