denuncia vecinal
La falta de permisos de luz y agua por la Sareb agrava los problemas en una finca de Almassora
25/01/2024 -
CASTELLÓ. La Sareb adquirió en 2019 un edificio en Almassora a una constructora que había estado cobrando el alquiler en b a los inquilinos sin que lo supieran. La nueva propiedad intentó primero expulsar a los residentes, pero la presión vecinal, con un litigio judicial de por medio, viró la posición inicial de la Sareb. Así, se renovó el contrato en una decena de residentes. Sin embargo, los problemas siguen enquistados; el conocido como banco malo aún no ha otorgado en algunas viviendas con contrato los permisos para que puedan regularizar la luz y el agua. Los vecinos lamentan la falta de condiciones pese al pago del arrendamiento y reclaman a la Sareb celeridad para solventar esta situación.
"Esta semana algunos vecinos estuvieron varios días sin luz por este motivo, aunque ya la han recuperado", aseguran desde el inmueble. Se trata de una finca con 35 viviendas, de las que 34 son propiedad de la Sareb y una de unos particulares. 17 están habitadas y el resto vacías. De estas 17, una decena de residentes han regularizado su contrato y otras cuatro están en proceso de ello. Y algunas de las mismas carecen de los certificados por parte de la propiedad para regularizar los servicios de luz y suministro hídrico.
Así, familias que cada mes pagan su alquiler carecen de los papeles para poder ordenar las autorizaciones de luz y agua. "Una dejadez de la Sareb que hace muy complicada la vida a los residentes", añaden las mismas fuentes.
"La Sareb ha hecho el contrato o ha iniciado su revisión, pero los vecinos siguen si vivir en condiciones dignas al no tener los permisos", agregan desde la finca.
Asimismo, hay una segunda derivada como consecuencia de ello; solo hay seis contadores del agua; es decir, seis pisos son notificados de los recibos del agua de todo el inmueble, lo que ha disparado el precio de sus facturas. "Ahora nos ha venido una factura de 236 euros, cuando una normal no supera los 48 euros.
"La situación es inviable, pedimos a la Sareb que reaccione", afirman con desesperación desde el vecindario.
Los vecinos vienen reivindicando desde tiempo atrás presionando a la Sareb. En noviembre de 2022, denunciaron presiones de la sociedad para abandonar su residencia. En un proceso judicial en 2021 se descubrió que la anterior propietaria había cobrado "en negro" los contratos de alquiler firmados entre 2013 y 2019 sin saberlo los inquilinos. La justicia determinó que su ocupación había sido legítima, aunque dio un plazo para su marcha si no se llegaba a un acuerdo con los nuevos responsables del inmueble.
A partir de ahí, la Sareb empezó a renovar algunos contratos, pero siguen habiendo cabos sueltos, como la ausencia de autorizaciones de luz y agua.
Cabe recordar que la Sareb fue creada por el Gobierno en 2012 para gestionar los activos tóxicos procedentes de la crisis financiera, en un modelo en el que el capital privado tenía más acciones que el Estado. En abril de 2022, el Ejecutivo central incrementó su presencia para hacerse con su control y reforzar su función social.