CASTELLÓ. Inquilinos de una finca de Almassora buscan el apoyo de la Conselleria de Vivienda para no ser desahuciadas de sus casas y plantean realizar movilizaciones en la localidad para denunciar las presiones de la Sareb, que les insta a abandonar sus viviendas.
Según han apuntado en un comunicado, en enero de 2021, alrededor de 40 familias comparecieron en el juicio por el cual Sareb S.A. se adjudicaba el inmueble en el que residían como inquilinos de Procasbier Promotora S.L. En dicho proceso judicial, las familias afectadas descubrieron que los contratos de alquiler (firmados entre 2013 y 2019) no fueron registrados en el Registro de la Propiedad, haciéndolos nulos a efectos legales. Es decir, fueron estafados por la constructora, la cual habría estado cobrándoles "en negro" sin que ellos lo supieran, como se atestigua en el juicio celebrado en 2021.
A pesar de ello, la justicia determinó que su ocupación de las viviendas hasta aquel entonces había sido legítima, debido a que el total de las irregularidades habían sido cometidas por la parte arrendadora. Sin embargo, con la adjudicación del inmueble al conocido como banco malo, se sentenció una fecha límite a partir de la cuál los inquilinos deberían abandonar el inmueble de no llegar a un acuerdo con el nuevo propietario.
Desde entonces, los vecinos han tratado de contactar con Sareb S.A. para solucionar su vulnerable situación y firmar nuevos contratos. No obstante, la única respuesta que han recibido durante más de un año han sido "amenazas, acoso y mentiras por parte del banco", según apuntan.
Tal y como indican, a través de sus inmobiliarias y gestoras subcontratadas, los vecinos han recibido todo tipo de visitas y llamadas de "asesores y mediadores dándoles información contradictoria, pidiéndoles su información personal y prometiéndoles una solución". No obstante, también han recibido todo tipo de cartas amenazantes de inmobiliarias como HAYA, Servihabitat, etc. "La peor de ellas, la recibida de parte de HAYA a mediados de 2022, exigiendo deudas desorbitadas de entre 8.000 y 10.000 euros con plazos de 15 días. A pesar de dichas amenazas, ninguno de los teléfonos o correos de contacto respondía a las llamadas de los vecinos para entender a qué se debían dichas exigencias", señalan en el comunicado.
Actualmente una cuarta parte de los vecinos que residía en el inmueble de Almassora antes del juicio de 2021 sigue haciéndolo y exigen a la Sareb que se ponga en contacto con ellos para solucionar la situación. Asimismo, las familias afectadas buscan el apoyo de la Conselleria de Vivienda. Tal y como exponen en un comunicado han contactado recientemente con la Conselleria ya que "ya ha actuado antes en situaciones parecidas" por loq ue los vecinos esperan que consiga sentar a la Sareb a negociar con ellos. Además, los vecinos denuncian haber sido "abandonados" por el Ayuntamiento de Almassora, con quienes se reunieron en agosto pero de los que "no han recibido ninguna respuesta al compromiso que les exigieron".
