La familia expropiada por las obras del acceso de PortCastelló abandona su casa con críticas a Adif

CASTELLÓ. La familia afectada por la expropiación de su vivienda por las obras del acceso ferroviario sur a PortCastelló ha abandonado este miércoles su casa. Nuria Viciano, que residía junto a sus dos hijos menores, se ha trasladado a un piso facilitado por el Ayuntamiento de Castelló. Lo ha hecho con críticas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por no haber pagado el justiprecio antes de la ocupación. 

Adif es responsable de las obras de la conexión y ha impulsado un proceso de expropiación forzosa sobre la casa, una villa en la que la afectada había vivido durante 20 años. Su hogar se encontraba justo emplazado en el inicio del proyecto ferroviario al puerto de Castelló. 

La propuesta de desalojo empezó en febrero cuando se le conminó a marcharse de forma voluntaria. Pero Nuria se negó entonces por falta de una alternativa habitacional y a la espera de que se resolviera el pago de la expropiación. En ese momento, el consistorio planteó algunas alternativas pero la vecina las rechazó porque consideraba que no reunían las condiciones necesarias para su familia, principalmente para uno de sus dos hijos, con una discapacidad de un 70 %.

El lunes pasado tenía una orden forzosa de desalojo, con mandato judicial, pero el juzgado le dio otros dos días para tener más tiempo para la mudanza. Ese día, además, se cerró la cesión de una vivienda por parte del Ayuntamiento. Se trata de un piso municipal con tres habitaciones y la nueva inquilina ha firmado un contrato por un año. En este tiempo se debería resolver el abono de la expropiación que le permitiría buscar otra casa.

Pintada contra Adif

Nuria ha dejado este miércoles su casa realizando una pintada en uno de sus muros en la que exigía a Adif el pago de la expropiación. Esta parte de su antigua propiedad, ha añadido, ha sido luego derribada. 

Desde Adif defienden que han seguido el procedimiento legal marcado en una expropiación forzosa y afirman que se planteó un justiprecio a la vecina que rechazó y que ya se le abonaron casi 6.000 euros para gastos de la mudanza. Pero Nuria y su abogado aseguran que la expropiación no se planteó por escrito sino que fue de palabra.

La cuestión es que en un proceso de expropiación de urgencia primero se realiza la ocupación y luego se paga. La vivienda, además, tenía el hándicap de que se encontraba en suelo no urbanizable, lo que no obligaba a garantizar un realojo previo de los residentes. Esta última opción la gestionó finalmente el Ayuntamiento. Sin embargo, la representación legal de la vecina considera que Adif tenía que haber tenido en cuenta las características especiales de este caso y no tratar el inmueble como un campo de naranjos, es decir, tenía que haber cerrado primero el pago del justiprecio y luego entrar en la vivienda.