La Generalitat da luz verde a una de las macroplantas solares de Acciona en Morella

CASTELLÓN. Visto bueno ambiental a una de las dos plantas solares que Acciona proyecta en el término municipal de Morella. La Generalitat Valenciana ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental con condiciones relativa a la macroplanta solar Llacua que impulsa en la comarca de Els Ports la empresa filial de la energética, Desarrollos Renovables Eólicos y Solares.

La infraestructura se ubicará distribuida en dos zonas separadas de Morella: la zona Llacua y la zona Campello. El recinto ocupado será de 84 hectáreas, donde se ubicarán 95.200 paneles solares agrupados en 189 inversores. Y al proyecto fotovoltaico va asociada una línea de evacuación subterránea de más de 11 kilómetros que conectará con una subestación transformadora, la SET Morella Solar.

En total las instalaciones tendrán una potencia pico de casi 50 megavatios (MW). Una potencia similar a la planta solar hermana que también tramitaba Acciona en la localidad -bajo la denominación Llivis-, y que roza el máximo legal para que fuera tramitada por la Generalitat -a partir de 50 MW, se encargaría el Ministerio-. 

El visto bueno consta en la resolución de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, publicada la pasada semana en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) con fecha del 23 de enero. Así, es una de las iniciativas de energía renovable que la administración autonómica validó 'in extremis' antes del plazo máximo para hacerlo, que era el 25 de enero.

Acciona explica que por el momento cuenta con acuerdos sobre el 81,88% de la superficie necesaria para ejecutar el proyecto y muestra "total predisposición" a llegar a acuerdos con "el máximo número posible de propietarios", y si no lo consigue, intentará "hacer los más eficiente posible el proyecto, reduciendo, en la medida de lo posible y siempre que no se perjudique la viabilidad del proyecto, la superficie a afectar".

Así, clarifica que aunque el proyecto se declare de utilidad pública, lo cual permite la expropiación de terrenos, "no significa que esta se vaya a producir de forma automática". Es más, insiste el promotor, "la normativa reguladora del procedimiento expropiatorio obliga a la negociación para intentar conseguir un acuerdo como requisito previo a la iniciación del expediente".

Sobre las posibles pérdidas para los propietarios, la empresa asegura que "no van a ver mermados sus ingresos económicos sino todo lo contrario", al proporcionar el proyecto "unos ingresos muy superiores a los obtenidos por las actividades agrícolas y ganaderas". Además, insiste, "les permite seguir desarrollando la actividad agrícola y ganadera en paralelo en las mismas propiedades en aquellas superficies no utilizadas por el proyecto".

Recuperación de espacios agrícolas y protección de especies

La tramitación favorable de la declaración de impacto ambiental va asociada a una serie de condicionantes ambientales y medidas correctoras y preventivas, que ascienden a una veintena, teniendo en cuenta también el cumplimiento del informe ambiental presentado por la propia compañía y, como no podría ser de otra manera, la normativa vigente, tal como especifica la resolución de la Conselleria.

Entre las medidas adicionales a las del propio informe ambiental, se encuentran por ejemplo el seguimiento de especies en riesgo durante los primeros 6 años desde la puesta en marcha, el seguimiento de la mortandad por la línea de evacuación y el soterramiento de parte del tramo aéreo de la propia línea. Además, si las obras se hacen en época de reproducción de aves, se deberán balizar las zonas más sensibles.

Otra de las medidas compensatorias por la pérdida de hábitats de carácter agrícola supondrá la habilitación de nuevos espacios agrícolas. Concretamente, la DIA obliga a "mantener los cultivos existentes en las zonas de las parcelas no ocupadas por paneles, y dedicar nuevas superficies al uso agrícola afectado en una proporción equivalente de al menos el 25 % de la superficie de la planta".

En términos paisajísticos y patrimoniales, se deberá conservar y reparar los muros de piedra, y por otro lado, se mantendrán las distancias con los elementos patrimoniales. Todos los movimientos de tierra deberán ejecutarse con seguimiento arqueológico y si se encontraran restos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la administración valenciana.

La DIA prohíbe el uso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas u otros productos químicos, ni se podrá utilizará en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero. Además, el uso del agua queda condicionado al permiso de la empresa autroizada o la concesión del órgano de la cuenca. Y el permiso para el cierre definitivo obligará al promotor a desmantelar las instalaciones.