Fachada del edificio de Borrull. Fotos: Antonio PradasCASTELLÓ. La Generalitat Valenciana iniciará los trámites de la licitación de la rehabilitación del edificio de Borrull antes de acabar septiembre. El arranque del proceso administrativo permitirá establecer una programación respecto a las distintas fases del ambicioso proyecto, entre las que destacarán la adjudicación y el comienzo de las obras. Con un presupuesto de 14 millones de euros, asumidos en su totalidad por el Consell, y un plazo de ejecución de 22 meses, el objetivo pasa por reabrir las puertas del renovado inmueble, como sede de servicios y políticas sociales, en el último semestre de 2022.
Los antiguos juzgados de Castelló permanecen cerrados desde el año 2006, cuando la Audiencia Provincial se trasladó a la actual Ciudad de la Justicia en el bulevar Blasco Ibáñez. Compuesto por seis alturas, con una planta baja y un sótano, el bloque ocupa una superficie de 11.700 metros.
Según el anteproyecto, el Ayuntamiento de Castelló dispondrá de 6.800 m2, mientras que la administración autonómica contará con 3.200 metros cuadrados. Los 1.700 m2 restantes se utilizarán como espacios comunes, principalmente en la sexta planta. Otra singularidad corresponderá a la fachada, cubierta por una pieza de cerámica original.
La reforma de Borrull está pendiente desde 2015, cuando la alcaldesa, Amparo Marco, hizo pública su intención de recuperar la edificación como una extensión de la Casa Consistorial de la plaza Mayor. Así, en junio de 2016 planteó por primera vez al conseller de Hacienda, Vicent Soler, la necesidad de abordar en común la actuación.
En esa toma de contacto, la primera munícipe planteó convertir el inmueble en la sede de los servicios públicos, aglutinando además otros negociados que en la actualidad se encuentran dispersos por la ciudad. Incluso, en esa reestructuración, propuso trasladar los despachos de los grupos municipales.
Sin embargo, con el paso de los años el proyecto evolucionó. Y no solo en lo que se refiere a las características técnicas, sino también económicas. Hasta el pasado agosto el Ayuntamiento de la capital de la Plana corría con el 100% de la financiación, esto es, 16,8 millones de euros. En esa cantidad se incorporaba el desfase presupuestario por un incremento de 4,8 millones respecto a la inversión inicial de 12 millones. El consistorio se aseguraba la titularidad de dos terceras partes del inmueble. Por su parte, la Generalitat se comprometía a realizar su aportación a través de futuros convenios para la cesión de construcciones de titularidad autonómica.
Ese acuerdo, hecho público a finales de febrero de 2020, saltó por los aires a consecuencia de la covid-19. Pasados unos meses, el president, Ximo Puig, avanzó que finalmente la administración autonómica se encargará de la obra. El anuncio lo realizó el 5 de agosto tras reunirse con varios consellers y la propia Marco en València. A partir de ese momento, se inició la cuenta atrás acerca de la tramitación administrativa.
