VILA-REAL. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón ha desestimado finalmente la reclamación por la que una inmobiliaria ligada a Banco Santander exigía el pago de 14,3 millones de euros más intereses ya, que entendía la entidad, se había visto perjudicada por la anulación de una recalificación de un terreno sobre el que se pretendía elevar un edificio de 20 plantas. Esta reclamación suponía para el consistorio un riesgo para las arcas municipales cercano a los 16 millones de euros, con lo que ello significaba para la estabilidad financiera del propio ayuntamiento.
El alcalde de la ciudad, José Benlloch, fue el encargado este lunes de anunciar que la resolución llegó la pasada semana y ha pasado ya por la junta de gobierno. “De todo el tsunami de empastres e ilegalidades urbanísticas del PP, este nos preocupaba especialmente, porque podía suponer la quiebra del Ayuntamiento y muchas dificultades para el futuro, pero hoy sabemos que tenemos un balón de oxígeno”, afirma el mandatario municipal.
Este asunto se remonta a hace más de una década, según ha recordado este lunes el propio alcalde, cuando la empresa Fritta, ubicada en el Camí les Voltes, se fue de Vila-real y una inmobiliaria compra sus terrenos, calificados como industriales.
En 2008 se iniciaron los trámites para convertirlos a suelo residencial, “con el objetivo de construir rascacielos de más de 20 plantas de altura”. “El 15 de febrero de 2010, a poco más de un año de las elecciones en las que cambiaría el gobierno municipal, el PP aprobó la recalificación de los terrenos, acción que le valió una notable oposición tanto en el ámbito político como social”, según explica Benlloch quien añade que “de hecho, algunos propietarios se unieron y denunciaron la situación y el 7 de junio de 2013, dos años después del cambio de gobierno municipal, se emitieron dos sentencias que anulaban la recalificación de terrenos, al considerar que se beneficiaba a unos pocos y perjudicaba a una gran parte de la población”, en palabras del primer edil.
En ese momento, según argumenta Benlloch, “la inmobiliaria consideró que se le había provocado un daño y reclamó por estos perjuicios, poniéndonos en jaque, ya que la cifra reclamada ascendía a 14,3 millones y, con los intereses, podía ascender a los 16, todo un bombazo para el Ayuntamiento”, según explica el alcalde.
Benlloch ha aprovechado la ocasión para destacar el trabajo de su equipo de gobierno, que “siempre ha defendido los intereses de la ciudad” y ha seguido tres pasos básicos: no pagar lo que no se debe y pedir responsabilidades a quien corresponda; pagar el mínimo que se deba o llegar a acuerdos con propietarios para saldar las deudas con facilidades, y gestionar para reducir y minimizar los riesgos. Para el alcalde "esta sentencia es un claro ejemplo del último paso, ya que nos hemos volcado en la defensa de cada euro de los vecinos”, indica y recuerda que “en 2011 frenamos el expediente, cuando podíamos haberlo continuado y haber desarrollado los terrenos, pero entendimos que eso no se podía hacer, porque era ilegal y nos hemos mantenido hasta el final, hasta que la justicia nos diera la razón”. “Esto demuestra que tomamos una decisión acertada y es un gran respiro para la ciudad”, afirma.
Pese a todo, esta setencia es recurrible, según indica el alcalde, por lo que los afectados “están en su derecho de actuar, pero al menos hemos conseguido no tener que pagar y eso es un gran respiro y una alegría para todos”, expresó, al tiempo que aseguró que “nuestra vocación es buscar soluciones y llegar a acuerdos sobre los usos”.
