VALÈNCIA. Al final se han cumplido los temores de las asociaciones agrarias y la mayoría de los agricultores valencianos y castellonenses se han quedado fuera de la línea de ayudas puesta a disposición por el Gobierno central para hacer frente a la subida de los precios de los fertilizantes. El Ministerio de Agricultura hizo público este miércoles el listado provisional de los beneficiarios de estas subvenciones y las cifras, a la postre, vienen a constatar lo que se esperaba, según denuncian las asociaciones del sector en la Comunitat Valenciana como La Unió o AVA-Asaja.
En los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio, se cifra en 13.396 los titulares de explotaciones agrícolas que recibirán las ayudas en la Comunitat Valenciana para compensar los precios de fertilizantes, a falta de que se presenten y se resuelvan alegaciones. Un registro muy por debajo de los casi 44.000 que presentaron la solicitud a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2022 -este era un requisito para la convocatoria del Gobierno-. Concretamente, un 70% de ese total se habrían quedado fuera de la línea de ayudas.
Si se compara con las 100.000 explotaciones agrarias que había registradas en la Comunitat Valenciana en el Censo Agrario de 2020, el porcentaje es mucho menor, insisten en el sector. Entre los motivos, como venían advirtiendo: los requisitos que fijó el Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, que impedía acceder a ayudas a los titulares con pocas hectáreas en producción.
El decreto de diciembre establecía que serían beneficiarios de las ayudas las personas o empresas titulares de explotaciones agrarias que hubieran accedido a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Pero además, el Ejecutivo central incluyó un apartado que, sumado al requisito inicial, en la práctica ha supuesto la exclusión de buena parte de los agricultores, especialmente de los que tienen pocos campos o terrenos de tamaño reducido.
Concretamente, el artículo en cuestión fijaba un máximo de ayuda por cada hectárea cultivada, teniendo en cuenta si se trata de superficie de secano -22 euros por hectárea- o de regadío -55 euros por hectárea-. El problema, según señalaban diferentes organizaciones de agricultores es la condición que establecíae justo después: "No se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulte inferior a los 200 euros".
Así pues, los agricultores que podrían acceder a una ayuda reducida por tener en cultivo menos terrenos, quedan sin posibilidades. En ese sentido, el rasero mínimo afectaba directamente a aquellos que explotaran menos de 3,64 hectáreas de regadío o 9 hectáreas de secano, pese a la subida de costes a la que sí han tenido que hacer frente en los últimos meses.
Asimismo, el Ministerio también fijaba un tope de ayudas por agricultor o empresa, que sólo podrá percibir subvenciones por hasta un máximo de 300 hectáreas. O lo que es lo mismo: hasta 16.500 euros en el caso del regadío o 6.600 en los terrenos de secano. Y siempre "priorizando la superficie en regadío", según señala el mismo decreto.
Está previsto que los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a esta ayuda y que no han presentado alegaciones puedan percibir estas ayudas antes de que finalice el mes de abril, al objeto de que puedan contar con estos apoyos de cara al abonado de cobertera. En total, el Gobierno dará más de 8,7 millones de euros entre las tres provincias valencianas de los 297 millones aprobados para todas las comunidades.
En el caso de la Comunitat Valenciana, un total de 234.918 hectáreas serían susceptibles de recibir esta subvención. Se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros, y hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario, en las que se priorizará la superficie en regadío, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
En base a los datos provisionales de explotaciones subvencionables y al número de hectáreas que serían elegibles para esta ayuda, que se sitúan en cerca de 10,6 millones de hectáreas, y para evitar superar la cuantía máxima estimada por tipo de superficie, se ha realizado un ajuste lineal a los importes unitarios indicados en el real decreto-ley, de tal forma que se ha establecido un importe unitario de 20,82 euros por hectárea de superficie de secano y de 52,06 euros por hectárea de superficie de regadío.
El presupuesto asignado es de 297 millones de euros, ya que se ha reservado una bolsa de tres millones de euros para atender posibles alegaciones. Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles (desde el 16 de febrero hasta el 1 de marzo) para realizar alegaciones, que deberán presentarse exclusivamente a través del formulario de alegaciones de la sede electrónica del FEGA.
