CASTELLÓ. Empiezan a tramitarse las ayudas para el campo... pero no para todo el campo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la autorización a la línea de subvenciones excepcionales anunciadas por el Gobierno para que los agricultores hagan frente a la subida de precio de los fertilizantes. Se trata de una partida para todo el territorio nacional pero a lque no podrán acceder una gran mayoría de agricultores castellonenses, tal como denuncian las asociaciones del sector.
La línea puesta a disposición por el Ministerio de Agricultura, que ya estaba incluida en el decreto por la guerra de Ucrania del pasado 27 de diciembre, asciende en total a 300 millones de euros y prevé alcanzar a 250.000 agricultores. Pero los criterios fijados inicialmente por el departamento que dirige Luis Planas, y que por el momento no se han modificado, dejan fuera a más de dos de cada tres agricultores de la provincia de Castellón.
El decreto de diciembre establece que serán beneficiarios de las ayudas las personas o empresas titulares de exlotaciones agrarias que hayan accedido a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Ahora bien, el Ejecutivo central incluyó un apartado que, sumado al requisito inicial, en la práctica supone la exclusión de buena parte de los agricultores, especialmente de los que tienen pocos campos o terrenos de tamaño reducido.
Concretamente, el artículo en cuestión fija un máximo de ayuda por cada hectárea cultivada, teniendo en cuenta si se trata de superficie de secano -22 euros por hectárea- o de regadío -55 euros por hectárea-. El problema, según señalan diferentes organizaciones de agricultores es la condición que establece justo después: "No se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulte inferior a los 200 euros".
De esta manera, aquellos agricultores que percibirían una ayuda reducida por tener en cultivo menos terrenos quedarán fuera de la posibilidad de acceso a la convocatoria. En ese sentido, el rasero mínimo afectaría directamente a aquellos que exploten menos de 3,64 hectáreas de regadío o 9 hectáreas de secano, pues no recibirían ni un euro pese a la subida de costes a la que sí han tenido que hacer frente en los últimos meses.
Asimismo, el Ministerio también ha fijado un tope de ayudas por agricultor o empresa, que sólo podrá percibir subvenciones por hasta un máximo de 300 hectáreas. O lo que es lo mismo: hasta 16.500 euros en el caso del regadío o 6.600 en los terrenos de secano. Y siempre "priorizando la superficie en regadío", según señala el mismo decreto. Para contabilizar las hectáreas, se tendrán en cuenta los "cultivos permanentes y de tierras de cultivo, excluidas las tierras de barbecho y los pastos temporales".
El requisito de haber recibido la PAC y el mínimo de ayuda establecido hace que, según La Unió y AVA-Asaja, el 70% de los agricultores valencianos quede directamente sin posibilidad de acceso por el tipo de parcelas de la Comunitat Valenciana, y especialmente de Castellón, donde auguran que los titulares excluidos de las subvenciones sean todavía más.
"Los condicionantes exigidos limitan el acceso de los agricultores y ganaderos valencianos", explican en la asociación de agricultores La Unió, desde donde recuerdan que casi la mitad de los agricultores de la Comunitat Valenciana no reciben la PAC. "Productores y hortalizas que caerán de la lista de beneficiarios", advierten desde la organización. Y a ellos se sumarán otros afectados por el mínimo de terrenos exigido: "Teniendo en cuenta el gran minifundismo existente en el campo valenciano otro importante porcentaje se quedará fuera".
Para hacerse una idea, los fertilizantes suponen un 8% de los factores de producción del sector agrario y su precio medio se ha visto incrementado un 80% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Por ello, desde La Unió han reclamado que todas las explotaciones agrarias que se hayan visto obligadas a comprar abono para mantener la productividad tengan acceso a las ayudas para compensar el incremento de precios de la fertilización.
"Si todos los agricultores han sufrido la subida actual de los precios de los abonos, es necesaria una medida no discriminatoria que se articule para todo el sector primario con garantías y rapidez, y no se excluya por criterios administrativos unas explotaciones agrarias", insisten desde La Unió, manteniendo una postura que ya avanzaron cuando se hizo público el decreto de diciembre y que este martes se materializó en la autorización para la concesión de los 300 millones de euros.
En la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) tampoco esconden su descontento: "La amplia mayoría de los agricultores valencianos son excluidos debido a dos requisitos que no se adecúan a la realidad del sector". Sobre las hectáreas mínimas para acceder a la subvención, dedjan claro que son "unas dimensiones excesivamente elevadas para el minifundio predominante en la agricultura valenciana".
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aseguró que si el Gobierno "consultara a las comunidades autónomas y estas a los protagonistas reales, en este caso a los agricultores y ganaderos valencianos, las normativas se harían de una manera más acertada para ayudar de verdad a solucionar los problemas". Por ello, reclamó que las ayudas "se amplíen a todos los agricultores valencianos porque todos sufren la escalada de los fertilizantes y otros costes de producción".
Asimismo, en el capítulo de la energía recordó la necesidad de aprobar un precio especial de kilowatio agrario, permitir de manera indefinida al menos dos cambios de potencia contratada al año y suprimir el ‘tope del gas’ a la agricultura. Por último, pidi una rebaja de módulos generalizada de cara a la próxima declaración de la renta.
