Edificio cedido al Ayuntamiento de Burriana.CASTELLÓ. Las futuras oficinas municipales de Servicios Sociales de Burriana albergarán un área de atención especializada a familias, un gabinete jurídico para atender casos de desahucio y otros graves problemas relacionados con la vivienda, una unidad de atención a afectados por trastornos adictivos y cursos de formación laboral, entre otros servicios. Así lo han explicado fuentes oficiales del consistorio que preside la socialista Maria Josep Safont.
Apenas 250 metros cuadrados de la planta baja se reservarán al futuro Centro de Atención e Información (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los restantes 2.048 metros del edificio serán ocupados por dependencias municipales.
En concreto, en la primera planta habrá un área de atención a familias; el departamento jurídico enfocado a situaciones de vulnerabilidad relacionadas con la vivienda, atendido por personal del Colegio Oficial de Abogados de Castellón; una Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPPCA); y un departamento sobre medidas judiciales y absentismo escolar.
En la segunda planta permanecerán cinco trabajadores familiares; un área para el desarrollo de programas de contratación de jóvenes; y otra para la impartición de cursos formativos, según las citadas fuentes municipales.
Además del CAISS, la planta baja del edificio albergará el área de primera entrevista; los departamentos de igualdad y atención especializada a familias; y, por último, distintos despachos y salas de reuniones. El sótano permanecerá sin ninguna utilidad.
El consistorio firmó el pasado mes de noviembre el convenio de cesión para los próximos 30 años del antiguo ambulatorio de la calle Valencia con representantes de la Tesorería General de la Seguridad Social. La licitación de la redacción del proyecto de reforma del edificio por 116.160 euros y dos meses de plazo dará paso a la ejecución de las obras durante un año, previsiblemente a partir del próximo verano. Los trabajos, estimados en 1.750.000 euros, serán cofinanciados por los fondos europeos Feder en un 50%.
El Ayuntamiento encargó a mediados del año pasado a la consultora Comaypa un informe técnico sobre el estado de conservación del edificio. El estudio concluyó que el inmueble, construido en 1980 hasta su desmantelamiento en 2003, presenta una óptima salud estructural. Apenas hay daños en algunas vigas y humedades en el sótano. Por ello, no será necesario reforzar la estructura. Las obras de remodelación se limitarán a redistribuir el interior y a embellecer la fachada.
