CASTELLÓ. La Justicia es lenta. No es un tópico, es una realidad. Unos vecinos de Castelló han logrado ganar la gran batalla judicial que emprendieron contra el Ayuntamiento de Castelló... Hace once años. En concreto, en marzo de 2010 cuando el Ayuntamiento, entonces en manos del PP de Alberto Fabra, aprobó un expediente de ocupación de un gran solar para construir lo que hoy en día es el conocido como parque del Pont de Ferro.
La decisión fue aceptada por todos los afectados salvo una de las propietarias quien inició un largo proceso ante la Justicia para exigir una indemnización. Por aquel entonces, la capital estaba en plena burbuja inmobiliaria con un crecimiento imparable que también afectaba a la zona norte de la ciudad.
Solo un lustro antes había llegado a la capital El Corte Inglés y la cicatriz que eran las vías del tren habían desparecido. Justo en la avenida Barcelona, al final, se proyectó este parque en el Sector 13. Justamente el nombre de Puente de hierro viene del antiguo puente que había en esta zona para cruzar las vías del tren.
Un solar de más de 22.000 metros cuadrados que pertenecían a varios propietarios y que permitó construir esta gran zona verde en lo que antes fueron unos solares degradados. En la actualidad es una zona en la que es habitual ver a castellonenses hacer deporte y dispone, además, de estructuras para el skate.
Sin embargo, once años después de aquel primer litigio (y con la interesada fallecida, si bien su hijo decidió mantener la causa), el Tribunal Supremo le ha dado la razón: el Ayuntamiento ocupó el suelo de forma irregular y debe ser devuelto a sus propietarios legítimos.
Sin embargo, tal y como explica el portavoz del actual equipo de gobierno, José Luis López, "hemos decidido remitir un escrito al Tribunal Supremo declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia". Un fallo emitido el 29 de abril de este año por la sección quinta del alto tribunal.
López advierte que "se trata de un parque consolidado con una década de existencia y no se puede devolver una parcela de la totalidad". Tal y como señala el portavoz socialista, "el interesado en este caso planteaba un resarcimiento económico inicial".
Llegados a este punto, el plan del Ayuntamiento es comunicar al TS que la sentencia no se puede cumplir (ya se ha aprobado este trámite en junta de gobierno) y, en segundo lugar, realizar una baremación de la indemnización que le correponde al propietario en virtud del fallo. "una vez tengamos el cálculo hecho, lo remitiremos también al Supremo para que lo traslade al interesado".