CASTELLÓ. La Sindicatura de Comptes insta a la Diputación de Castellón a adoptar medidas para prevenir el fraude o la corrupción en los procesos de contratación. La institución estatutaria, en el informe de fiscalización de la entidad supramunicipal, detecta 23 deficiencias "significativas" en el control interno y organizativo, especialmente en aquellos aspectos relacionados con las licitaciones.
En concreto, la auditoría incide sobre la necesidad de incluir en los pliegos las penalidades en caso de incumplimiento del deber de informar sobre posibles situaciones de conflicto de intereses. Asimismo, recomienda incorporar como obligatorio la declaración responsable tanto de los cargos públicos de la entidad provincial como del personal (propio y ajeno) que interviene en la tramitación del expediente de contratación.
El Síndic de Comptes considera que esas carencias representan un peligro para la articulación administrativa, el grado de transparencia y la fiabilidad de la información económica de la Diputación. En consecuencia, propone una serie de recomendaciones, entre las que destacan una menor implicación de Intervención en la gestión financiera, elaborar un organigrama actualizado de la entidad y manuales de procedimientos y la segregación de las funciones de liquidación, recaudación y contabilización.
De acuerdo con la valoración efectuada por la institución estatutaria, la administración que preside el socialista José Martí obtiene 41.035 puntos, que suponen un 82,1% de la puntuación máxima posible y un nivel de riesgo bajo. En este contexto, pone el acento en la ciberseguridad. La revisión centra el análisis en la situación de los ocho controles básicos en relación con las aplicaciones y sistemas que soportan el proceso contable-presupuestario y otros sistemas de interés general. El índice de madurez general muestra un valor del 63,7%, si bien es verdad que todavía debe mejorar para alcanzar el objetivo del 80%.
No obstante, la auditoría advierte sobre la inexistencia de deficiencias graves de control, lo que garantiza cierto blindaje ante posibles hackeos, como el sufrido por el Ayuntamiento de Castelló el 29 de marzo 2021, por ejemplo. Según el Síndic de Comptes, el consistorio de la capital de la Plana sigue mostrándose vulnerable pese a los importantes avances experimentados desde entonces, con una inversión superior a los dos millones de euros.