CASTELLÓ. La Sindicatura de Comptes pide al Acord de Fadrell que ponga en marcha "medidas específicas" para prevenir "el fraude y la corrupción" en la contratación. En su informe de fiscalización del entorno del Ayuntamiento de Castelló, ejercicios 2019-2021, la institución estatutaria observa hasta 30 deficiencias significativas. Con una valoración de 76,4%, la entidad local presenta un nivel de riesgo medio. De las cinco áreas analizadas, el departamento de gestión económica y los controles básicos de ciberseguridad muestran las peores porcentajes. Eso sí, siempre por encima de lo que se considera como aprobado.
La Sindicatura señala que esas carencias detectadas suponen un peligro para la propia organización administrativa y su grado de transparencia. Y no solo eso. Asimismo, representan una amenaza respecto a la fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el control interno ejercido por la Intervención.
Como incidencias más relevantes, el informe destaca la opacidad en relación a la publicación de los presupuestos de los organismos autónomos y sociedades, la ausencia de un registro sobre los contratos (incluidos los menores) y el registro de las operaciones de crédito a largo plazo no se ajustan a los principios contables. Por otro lado, cuando se planifican las inversiones, no se estima su coste de mantenimiento ni su financiación posterior.
En cuanto a la organización y funcionamiento de la corporación, el organismo estatutario advierte que los cargos electos, esto es, los concejales no acreditan el cumplimiento de la declaración individualizada de incompatibilidades, de acuerdo a lo que establece la ley. En efecto, se refiere a cuestiones como segundas actividades profesionales y a su publicación en la página web municipal.
Otra cuestión en la que la auditoría incide obedece a la estabilidad presupuestaria, las subvenciones y la contratación. Respecto a esto último, se subraya que los expedientes de obras, excluidos los contratos menores, no contienen siempre el informe sobre el estado de ejecución. Además, aquellos procedimientos que incorporan modificados no incluyen la audiencia al redactor del proyecto o, en su caso, las especificaciones técnicas.
Para mejorar el entorno del Ayuntamiento, la Sindicatura plantea una serie de recomendaciones, haciendo especial énfasis en la adopción de "otras medidas específicas de prevención del fraude o corrupción a lo largo de la tramitación del expediente de contratación, adicionales a la declaración responsable de los cargos públicos y del personal de la entidad", según se recoge en el informe. Del mismo modo, aconseja elaborar manuales de procedimientos que contemplen las funciones y responsabilidades del personal asignado a las distintas áreas y crear un registro único que proporcione información de las subvenciones concedidas y su situación.
El pasado verano, el organismo estatutario ya alertó al consistorio sobre su vulnerabilidad ante nuevos ciberataques después del hackeo sufrido el 29 de marzo de 2021. En el informe acerca del índice de madurez de los sistemas de control, a pesar de resaltarse las mejorías experimentadas, se subrayó la necesidad de culminar las acciones iniciadas e impulsar nuevas. Según explicó la concejala de Administración Electrónica e Innovación Digital, Mónica Barabas, durante el pleno de este jueves, para el presupuesto de 2023 se destinará una partida concreta de 613.000 euros en materia de ciberseguridad, "un 81% más que en 2022 y multiplica por 18 la cantidad de 2019", anunció.