La tasa turística quiebra al equipo de gobierno en Diputación: el PSPV rechaza su aprobación 

CASTELLÓ. La controvertida tasa turística de la Generalitat Valenciana ha quebrado la unión interna del equipo de gobierno de la Diputación provincial. Han sido escasas las veces en que PSPV y Compromís han votado de forma diferente a lo largo de la legislatura, pero, la moción del Partido Popular para reclamar que no se aplique esta tasa ha evidenciado la división en el seno del gobierno.

De hecho, la propuesta defendida por el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y que los populares llevaban por tercera vez al pleno, se centraba en la "crisis" del sector turístico y la "problemática" que supondría poner en marcha esta tasa que ya existe en prácticamente todos los países de Europa. Sin embargo, "va en contra de lo que piden los empresarios del sector", según el popular. 

Frente a esta tesis se encuentra la de Compromís, defendida por su portavoz, Ignasi Garcia, quien considera que "el debate de fondo es el modelo turístico que queremos para nuestra Comunitat" y preguntaba retóricamente: "¿De verdad alguien va a dejar de venir a la Comunitat por no pagar una pequeña tasa que, por cierto, se destina a mejorar servicios y patrimonio?". El alcalde de Peñíscola le replicaba que "la tasa la pagarán sobre todo los valencianos ya que un 30% del turismo que recibimos es de la propia Comunitat"

Sin embargo, de forma sorprendente, la alcaldesa de Cabanes, la socialista Virgina Martí, esperaba a su segunda intervención para anunciar que el PSPV se sumaba a la propuesta del Partido Popular. La defensa que hizo la alcaldesa del sector turístico se centró en que "el turismo no está en crisis, sino que han atravesado una pandemia" y pedía a la oposición "altura de miras y más visión" ya que "pensamos que lo que está en debate es un modelo turístico de futuro".

Martí señalaba que "los empresarios y los trabajadores deben hablar sobre qué quieren" y defendía que "no tiene nada que ver la ciudad de València con Benidorm" y explicaba que "pensamos que la tasa debe ser voluntaria y de aplicación municipal" a la vez que confirmaba que "ahora, no obstante, entendemos que no es el momento de aplicar una tasa", argumentaba defendiendo el 'no' que dejaba solo a Compromís ya que Ciudadanos también se sumaba a la propuesta del PP.

Aprueban el plan Castellón Avanza

El pleno también ha dado luz verde con el voto a favor de todos los grupos a la ordenanza que regula el nuevo plan Castellón Avanza, el programa inversor municipal para el bienio 2022-2023, cuya dotación económica asciende a 30 millones de euros. Es la evolución del anterior Plan 135 y se ha concebido para dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los municipios de la provincia, que podrán desarrollar sus obras a dos años vista, sin la presión administrativa de tener que redactar, licitar, adjudicar, ejecutar y finalizar los proyectos en un único ejercicio.

Haciendo uso de su autonomía municipal, las alcaldesas y los alcaldes podrán destinar todo el dinero que les corresponda para el bienio 2022-2023 a una única actuación de gran envergadura o bien destinar esos fondos a un máximo de cuatro obras. Al menos el 20% de las inversiones deberán ir en la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.

La alcaldesa de Canet, Maria Ángeles Pallarés, criticaba que "hayan vuelto atrás ya que hemos pasado de los 25 millones del año 2019, con el último gobierno del PP, a los 30 que proponen para dos años". Además, denunciaba el aumento de burocracia para los ayuntamientos y las alegaciones de varios alcaldes a este plan. 

El diputado, Ximo Huguet, defendía, en cambio, este plan ya que "ofrece mayor libertad" a los alcaldes y se sumará al fondo de cooperación municipal que contará con otros 30 millones de euros. 

El pleno de la Diputación también aprobaba varias declaraciones institucionales como pedir al Gobierno que se paralice la tramitación del proyecto Magda, la defensa de los derechos de las mujeres, exigir a los bancos un trato más humano para las personas mayores de la provincia y, además, se rechazaba una moción del PP que proponía mejoras para los autónomos al asegurar el gobierno que ya se están ejecutando estas ideas.