Cualquier proceso electoral podría llevarse a cabo hoy de manera 100% digital. La tecnología es real y está madura, pero existen todavía barreras legales y de ciberseguridad que ralentizan su adopción. El día que se superen, hasta los políticos podrían desaparecer del mapa
VALÈNCIA. Synthetic Party es el nombre de un partido político que concurrió el año pasado a las elecciones generales de Dinamarca. No salió bien parado, pero era la primera vez que un partido liderado por la inteligencia artificial (IA) se presentaba como candidato a unos comicios generales. El partido lo fundó el colectivo de artistas Computer Lars, impulsado por el investigador danés Asker Bryld Staunæs, quien describía al candidato artificial, Leader Lars, como un aspirante al parlamento danés que «no roba ni conspira, inmune a los sobornos, a las presiones y a los chantajes».
La idea puede parecer descabellada, pero, en realidad, no lo es tanto. «Está demostrado que, en determinados casos, la inteligencia artificial supera a la humana. El año pasado, por ejemplo, una empresa china de videojuegos nombró como CEO de una de sus filiales a un robot humanoide con IA. Según la misma compañía, seis meses después había aumentado su valor un 10%. También hay estudios que ponen de manifiesto que el uso de IA es más eficaz en el cribado del cáncer de mama que el ojo experto de los radiólogos. Como máquina, la inteligencia artificial se ve libre de muchas de las pulsiones y limitaciones que rigen la toma de decisiones en la naturaleza humana. Se trataría, pues, de ver en qué situaciones es más hábil que nosotros y decidir hasta dónde queremos que llegue», sostiene Àurea Rodríguez, experta en innovación y tecnología y autora del libro Antes muerta que analógica.
Imaginemos que Leader Lars hubiese conseguido un escaño en el Parlamento danés. ¿Quién habría ocupado el asiento en este caso? También la IA habría asignado a la persona más adecuada. Pero el problema no es tanto de dejación de funciones como de falta de transparencia. Como señalaba la ingeniera en telecomunicaciones y experta alicantina en IA Nuria Oliver Ramírez, el Synthetic Party tendría que aclarar con precisión el tipo de fuentes utilizadas para entrenar esa IA, y ya, en el caso de nuestro país, demostrar que la estructura interna y funcionamiento de ese partido son democráticos, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Española.
Rodríguez subraya que «el problema no es de falta de madurez de la tecnología, sino del desajuste existente entre el avance de esta y el desarrollo legislativo, siempre por detrás». Armonizar lo que conocemos con lo que está por venir en materia digital es lo que se persigue con la Carta de los Derechos Digitales. Sin tener carácter normativo, el documento ofrece un marco de referencia para garantizar los derechos de la ciudadanía en el entorno virtual. En esta línea, existe también la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales.
En ambos textos abundan las referencias a la transparencia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la usabilidad, la sostenibilidad o la seguridad, entre muchas otras, como condiciones en los procesos intervenidos con IA. En resumen, una retahíla de derechos, que se prestan a la creación de todo tipo de soluciones tecnológicas por parte de las startups para garantizar su cumplimiento. Surge así lo que se conoce como GovTech, concepto que engloba el uso de herramientas digitales en lo público, tanto en lo que atañe a la transformación interna de las administraciones, como a sus relaciones con la ciudadanía y los servicios que prestan.
Aunque las GovTech aplican a verticales muy distintas, una de las principales apunta a la mejora de la calidad democrática, buscando ampliar el derecho a la participación ciudadana en lo público por medios digitales.
Pionera mundial en la emisión y recuento del voto electrónico fue la catalana Scytl, startup surgida en 2001 como proveedora de tecnología electoral, que llegó a contar con una plantilla de seiscientas personas repartidas por todo el planeta. A pesar de que sus sistemas de votación fueron adoptados en numerosos países, luego surgieron problemas con algunas de sus soluciones en estados como Australia, Ecuador, Noruega o Suiza.
Actualmente, Scytl compite prácticamente en igualdad de condiciones con otras soluciones similares nacidas posteriormente. Una de ellas es Appsamblea, startup constituida en 2018 en el País Vasco, que dispone de un sistema de votación online, cómodo y seguro. Según afirma Guillermo López Alonso, cofundador y CSO en Appsamblea, entre sus clientes figuran, desde hace tres años, las Corts Valencianes a cuyos diputados se les permite emitir y validar el voto electrónico cuando deben ausentarse por algún motivo. Una docena de universidades españolas, clubes deportivos u otras entidades públicas están también entre sus más de trecientos cincuenta clientes, con los que han realizado más de ochocientas cincuenta consultas y emitido más de cien mil votos.
La misión es democratizar el voto digital garantizando el proceso y adaptándolo a cualquier reglamentación. En este sentido, se ciñen a los criterios de verificación de la identidad, garantía de voto secreto, proceso auditable, inmutabilidad del voto, accesibilidad —su sistema lo utilizan en la ONCE— o usabilidad, facilitando al máximo el empleo en personas mayores. Con dichos parámetros, el sistema podría usarse perfectamente en los próximos comicios del 28 de mayo, aunque no se hará. «Básicamente, es un problema de ciberseguridad», señala López Alonso. «Si los hackers han sido capaces de entrar en tecnológicas como Apple o en La Nasa, imagina lo que sucedería si lograsen poner en evidencia a todo un país. En procesos electorales menores no preocupa, porque la participación es controlable, pero en estos mayores, la ciberseguridad continúa siendo un reto».
Otro epígrafe recogido en la Carta de los Derechos Digitales es el referente a las relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas. También aquí han surgido multitud de startups que sirven para conectar a los ciudadanos con los representantes políticos. Osoigo es una de ellas. Se trata de una plataforma de escucha, liderada por Eneko Agirre Illarramendi, CEO y fundador, pero que cuenta también con el liderazgo en la ejecución de las valencianas Carla Sánchez, Yolanda Llamas, Mayssa Kadi y Enrique Villalobos, este último de origen mexicano pero residente también en València.
Entre las últimas incorporaciones a la plataforma de Osoigo se encuentra la de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo en el Gobierno actual y candidata por la plataforma Sumar. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, Osoigo cuenta con 152.858 usuarios registrados, 91.927 de los cuales corresponden a la provincia de Valencia.
En la parte de los políticos de la Comunitat, son veintinueve quienes participan en el portal de manera activa, entre ellos el diputado y portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, o el diputado en las Corts, Rubén Ibáñez Bordonau.
La plataforma está abierta a políticos, ciudadanos y asociaciones, permitiendo plantear preguntas y respuestas, pero también encuestas sobre temas concretos. En este sentido, cita Eneko Agirre, en el caso de la Comunitat, la organización de una campaña contra el acoso escolar que fue «un exitazo». Esta se llevó a cabo gracias a Mercedes Ventura, diputada de Ciudadanos en las Cortes, y María Luisa Mezquita, del Partido Popular, quienes se comprometieron a llevar las peticiones de la Asociación Plántale Cara al Bullying a la comisión creada en las Corts con esta finalidad.
Curiosa también otra consulta organizada en Osoigo en la localidad alicantina de Alcoi, donde se planteaba a las Cortes Valencianas la pregunta: «¿Creen que la Cabalgata de Alcoy es racista?».
Y es que sucede a veces que ni los políticos acaban de enterarse bien de cuáles son los temas que interesan realmente a los ciudadanos ni son capaces de transmitir con eficacia lo que quieren comunicar. Para resolver situaciones como la primera existen propuestas como la de Citibeats, una plataforma de analítica de texto, fundada por Iván Caballero, basada en inteligencia artificial para transformar el big data social en ventajas competitivas.
En cuanto a herramientas para enseñar a los políticos a mejorar su oratoria y aprender a comunicar de forma clara y precisa también las hay. Una es BeChiara, startup fundada por Soraya del Portillo. Se basa en una solución de realidad virtual que simula escenarios para que cualquier persona que se vea obligada a hablar en público mejore esta habilidad. Entre sus usuarios, se halla una teniente de alcalde de una localidad de Cataluña. Y si la dificultad no es tanto hablar como redactar un discurso en condiciones, pues tampoco hay problema, que siempre podrán recurrir a la inteligencia artificial generativa del ChatGTP.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 103 (mayo 2023) de la revista Plaza