CASTELLÓ (EP). La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informado al Consejo de Gobierno de la adopción de una serie de medidas de ahorro adicionales a las que ya se estaban aplicando ante la "incertidumbre" en los ingresos con los que la UJI podrá contar finalmente en el ejercicio de 2023 para hacer frente a sus gastos. A punto de finalizar el primer cuatrimestre del año, todavía no se ha concretado la modificación presupuestaria de 30,8 millones para el conjunto del sistema universitario ni la cantidad correspondiente al plan plurianual de financiación, según ha informado la institución académica en un comunicado.
Estas medidas consistirán en limitar las nuevas inversiones a las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la universidad, de forma que tengan preferencia los gastos corrientes. Además, en 2023 no se podrán aplicar los programas de estabilización y promoción que prevé la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, según las disposiciones transitorias, tienen que articularse antes del 31 de diciembre de 2024, pues hasta que no se concrete el escenario financiero y presupuestario resultan económicamente inviables.
Paralelamente, la UJI también tendrá que aplicar una política restrictiva en las nuevas plazas a tiempo completo derivadas de necesidades docentes.
Alcón también ha explicado que se revisarán los diferentes proyectos presupuestarios gestionados desde los vicerrectorados para reducir gastos corrientes que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento ordinario de la Universidad.
El Consejo de Dirección toma esta decisión por "responsabilidad y prudencia" mientras no se concreten los ingresos. "Esperamos que el escenario financiero se clarifique en las próximas semanas y nos ofrezca una financiación estructural basal que permita continuar prestando un servicio público y de calidad y cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los planes de estabilización de las plantillas, los gastos corrientes y las inversiones reales e investigación estructural, tal como exige la LOSU", ha señalado la rectora.
Alcón ha recordado que, en diciembre, cuando la universidad aprobó los presupuestos, se hizo una previsión de ingresos procedentes de transferencias corrientes no afectadas de la Generalitat Valenciana que ascendía a 101,8 millones de euros. La cantidad definitiva dependía, por un lado, de que se concretara una modificación presupuestaria de ampliación del crédito del conjunto de universidades públicas en 30,8 millones de euros para poder hacer frente a aumentos retributivos.
Por otra, se trataba de que se acordara la distribución del presupuesto para 2023 entre las universidades, en la cantidad consignada para la elaboración del plan plurianual de financiación. Ninguna de las dos medidas se ha concretado, lo cual aumenta la "incertidumbre" respecto a los ingresos de los que dispondrá la UJI este año.
