CASTELLÓ. La Unió de Llauradors pide, fundamentalmente, dos medidas para evitar la llegada de plagas en los envíos de naranja de países terceros: el control en los países de origen y el tratamiento en frío de la fruta durante su transporte a la Unión Europea. Así lo expresa su secretario general, Carles Peris, tras la noticia publicada por Castellón Plaza respecto a la interceptación en el puerto de Castellón de cuatro cargamentos en octubre de este año procedentes de Argentina y Uruguay.
Sobre esto, la organización agraria, lejos de pedir que se prohíba la importación de naranja a través de los puertos de la Comunitat, afirma que la forma más segura de evitar la llegada de plagas es el control en origen: "Con inspectores europeos que certifiquen en los países exportadores que la fruta está libre de plagas". Es lo mismo que los empresarios castellonenses venían haciendo hasta este año para exportar a Estados Unidos: "El sector pagaba los inspectores para que la fruta pudiera salir".
En cambio, en lo que respecta a la importación de cítricos de Sudáfrica, la Unión Europea no realiza una auditoría de los procedimientos "desde junio de 2016", denuncia la Unió. Este procedimiento es el que debe certificar que los protocolos de control son los correctos y, aunque hace tres años la última auditoría concluyó que se debían mejorar "tanto las inspecciones oficiales en campo como las interceptaciones internas", la cantidad de fruta contaminada que llega "no se ha reducido", apunta la organización agraria.
De hecho, los cargamentos infectados de Sudáfrica detectados en los diferentes puertos de la Unión Europea han aumentado este año un 94% respecto al ejercicio anterior y un 57% respecto a aquel 2016, apunta la organización agraria en su estudio. Así, este año, cuando ya se han acabado de contabilizar los envíos del hemisferio sur, han sido detectadas 33 partidas de fruta sudafricana con diferentes enfermedades. La mayoritaria han sido de falsa polilla, con 21 interceptaciones, mientras 9 llegaban con el hongo de la mancha negra.
Entre el resto de países, Uruguay y Argentina se sitúan en segunda y cuarta posición del listado. Estos dos productores son los que han remitido sus envíos contaminados a Castellón este año, como el Ministerio de Agricultura confirmó a este diario.
La otra medida que la Unió solicita para evitar la llegada de plagas es la cuarentena de la fruta a baja temperatura, el conocido como tratamiento en frío, que se realiza en parte en los barcos que realizan el transporte de la naranja. Sobre esto Peris destaca que fue una mala decisión eliminar años atrás este requisito, "el más seguro e inocuo".
Asimismo, el secretario general de la entidad apunta una sospecha: "Creemos que muchos de los fungicidas y pesticidas aparecen en la fruta por los tratamientos que realizan para su conservación precisamente porque no se hace el tratamiento en frío". Esto es posible debido a que los límites máximos de residuos que impone la UE para la naranja de fuera son mayores que para la autóctona, censuran desde la Unió.
Todo esto va en contra de los "pequeños agricultores", apunta Peris, porque son los grandes comercios españoles los que importan la fruta sudafricana y del resto del hemisferio sur, "que están ganando la batalla", denuncia.
Otra de las amenazas que se ciernen sobre la citricultura castellonense es la World Citrus Organization, afirma Peris. Como ya han hecho otras organizaciones (la última el Comité de Gestión de Cítricos) la Unió también alerta sobre el lobby citrícola mundial auspiciado por la patronal de exportadores sudafricana y la interprofesional española del limón y el pomelo, Ailimpo. En este sentido, su secretario general asegura que el sector "nunca puede ser un aliado de países terceros que tienen ventajas" a la hora de vender sus cítricos en Europa, como con los citados límites de residuos de fitosanitarios.
Por ello, Peris afirma que debería existir "unas normativas mínimas" para permitir la importación de fruta, como la certificación en origen, solo permitiendo el envío de fruta de zonas seguras, o la limitación de las materias primas de los tratamientos fitosanitarios a las mismas que las europeas.