CASTELLÓ (EP). La Unió de Llauradors reclama a los partidos políticos de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo que cualquier nuevo acuerdo comercial o renegociación de los mismos que la Unión Europea (UE) suscriba con terceros países tenga "siempre en cuenta a los sectores afectados" y un estudio de "impacto riguroso" sobre ellos.
Esta organización y el resto de las que componen en el ámbito estatal la Unión de Uniones han enviado una copia de su documento de propuestas a las candidaturas que concurren a los comicios europeos, según ha informado en un comunicado.
También considera imprescindible La Unió que se tengan en cuenta aspectos como la reciprocidad en los acuerdos comerciales con estos países para evitar que las producciones locales "puedan quedar en desventaja, ser menos competitivas y que los productos que entran sean sometidos a los controles de seguridad y salud pertinentes".
"No hay competencia real, sino desleal, si las exigencias de partida de los productos importados y los que producimos en nuestros campos no son equiparables", señala la organización.
Sobre la Política Agraria Común (PAC), reclama a las fuerzas políticas que defiendan unas ayudas enfocadas a los agricultores y ganaderos profesionales, que estabilicen los mercados en niveles de precios "dignos" y que protejan el modelo agrario y rural europeo frente a "la competencia exterior desleal".
Insiste en la importancia de defender en el Parlamento Europeo que la futura PAC vaya encaminada a aumentar la renta de los que trabajan en la agricultura, reservando las ayudas directas "a los genuinos profesionales de esta actividad".
La organización propone que se defina claramente esta figura condicionándola a que las rentas agrarias que obtengan supongan, como mínimo, un 25% del total, exceptuando de esta condición a los perceptores de 1.250 euros anuales o menos para no excluir a determinados sectores sociales del mundo rural.
Plantea, asimismo, que los Estados miembros tengan la capacidad de poder establecer un pago directo complementario para los agricultores y ganaderos cuyas rentas dependan en más de un 50% de la actividad agraria. Propone que los derechos históricos sean suprimidos y sustituidos por referencias basadas en el potencial agroeconómico.
Considera La Unió que la nueva PAC que se perfile en Europa debe respetar las peculiaridades de los Estados miembros y tener la flexibilidad de adaptación a cada país, sin dejar de marcar los objetivos comunes y pilares sobre los que sustenta, reduciendo también la complejidad y carga burocrática.
Igualmente, la organización propone que se incorporen y actualicen en la misma los umbrales de referencia para considerar que existe perturbación de mercado en determinados sectores o productos y se puedan anticipar soluciones.
Entre sus propuestas, La Unió plantea que sea el 8% (actualmente no existe) la cuota de mercado de la industria agroalimentaria, de la distribución y del comercio minorista que debe ser considerada como posición de dominio en un mercado de referencia, a partir del cual las prácticas abusivas ejercidas desde dicha posición de dominio pueden ser perseguidas y sancionadas.
De esta forma, según la organización, se podría reducir la brecha existente entre precio en origen y precio al consumidor "que beneficia claramente a la industria y la distribución en la actualidad".
Además, pide que se regule y prohíba la venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria, de forma que incorpore todos los gastos directos e indirectos incurridos y no sólo el precio de compra, "contribuyendo así a evitar el uso ilícito de productos agrarios como reclamo comercial".
Por otra parte, pide que la UE sea la garante del buen funcionamiento de las interprofesionales y que estas "sean objetivas, representen fielmente al conjunto del sector y no defiendan sólo los intereses de una parte".