CASTELLÓ. La falta de respuesta por el momento para las personas agricultoras y ganaderas ante los efectos de la DANA de septiembre o la subida de los seguros agrarios, la crisis y la pasividad de las Administraciones en la desastrosa campaña citrícola pasada (2018/2019) y de otras producciones como por ejemplo el olivar, uva de mesa, viña o la fruta y los efectos negativos de los acuerdos internacionales que la UE firma con terceros países han sido algunos de los aspectos más destacados del balance agrario de la Unió de Llauradors i Ramaders del año que está a punto de concluir. Ante la inacción en estos temas, la organización valora la posibilidad de llevar a cabo nuevas protestas.
Justo antes de que el Gobierno anunciase las ayudas de 62 millones de euros y cuatro meses después de los graves daños que la gota fría ocasionó tanto en cultivos como en infraestructuras agrarias de algunas comarcas de Alicante, sobre todo en la Vega Baja, y Valencia, la Unió ha denunciado este viernes que las personas agricultoras y ganaderas afectadas desconocen qué tipo de ayudas van a recibir ni cuándo lo harán.
Desde la organización agraria censuran que la factura que dejan las diversas adversidades climatológicas en el campo valenciano a lo largo de 2019 es importante, "pero aun así pagamos más en seguros de lo que percibimos, concretamente abonamos 543 millones por 369 de indemnizaciones según los datos de este año". Pese a ello se anuncia una nueva subida del 10% en el coste del seguro para el año que viene cuando en 2018 por señalar una muestra el de la uva de mesa ya descendió más de un 35% su contratación ante la subida de las primas.
El cambio climático va a agudizar sin duda la aparición de cada vez más siniestros, y lo cierto es que la COP25, celebrada recientemente en Madrid, ha tenido unos resultados desalentadores. Mientras desde algunas instancias se acusa a nuestro sector agrario de ser muy contaminante, un estudio de la Unió ha puesto de manifiesto que las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero que generan las importaciones de productos de países terceros a la Unión Europea son cada vez más importantes y que solo en el pasado 2018, con una pequeña muestra de algunos países y producciones, generaron cerca de 380 millones de kilos, mayoritariamente de dióxido de carbono (CO2), pero también de metano, oxido y monóxido de nitrógeno, azufre, plomo, entre otros. Algunos de estas materias cancerígenas y altamente contaminantes, como es el caso del mercurio y el arsénico.
De esta manera, la apuesta por el consumo de productos europeos repercutiría sin duda alguna, según la organización agraria, a disminuir el problema del calentamiento global, "puesto que hay que tener en cuenta que buena parte de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia y el transporte marítimo hace crecer mucho la huella ambiental". La dieta mediterránea es además la de menor impacto ambiental. Una reciente investigación de la Universitat Oberta de Catalunya ya avanzaba que la apuesta por un modelo alimentario de proximidad implicaría una reducción del 72% de la emisión de gases de efecto invernadero y un descenso del 52% del consumo de energía.
El resultado de la campaña citrícola 2018-2019 fue muy desalentador para los productores, con unas pérdidas estimadas por la Unió en más de 300 millones de euros. Pese a las promesas del Ministerio de Agricultura y la Generalitat -con una partida anunciada de 8 millones de euros- lo cierto es que al final el sector productor no percibirá ni un euro. La actual campaña transcurre con mayor alegría en precios, pero la merma en la producción es tan importante "que no se sabe si al final compensará una cosa por la otra".
A su vez, la campaña pasada del olivar tuvo una merma productiva relevante y ni siquiera así los precios para los productores fueron buenos, mientras la de la fruta de hueso ha tenido resultados catastróficos con unas cotizaciones para los agricultores inferiores en un 60% a las de 2018. También los productores de uva de mesa o los de vino están atravesando una dura crisis con precios bajos agravados por otra serie de circunstancias.
En relación a esas campañas y las crisis de precios, la Unió ha seguido a lo largo del año denunciando ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) todos los incumplimientos, ausencia o renegociación de contratos; con un alto grado de efectividad pues cada vez se detectan más sanciones a las empresas que vulneran la legalidad en la cadena alimentaria.
Por lo que se refiere al contexto internacional, la entidad ha presentado numerosos estudios en 2019, tanto en Bruselas como en España, donde se demuestra que los acuerdos internacionales que la UE suscribe con países terceros son perjudiciales para las personas agricultoras y ganaderas de la Comunitat Valenciana y suponen además una seria amenaza en cuestión de seguridad alimentaria y posible entrada de plagas.
La Unió recuerda en este sentido su informe en el que se demuestra que producciones de Sudáfrica y Mercosur utilizan más de 62 materias activas cuyo uso está prohibido para la citricultura europea. En el arroz se logró la cláusula de salvaguardia para el arroz índica de Camboya y Myanmar y ahora los problemas se centran en el japónica (redondo) que es el producido en nuestras explotaciones y que ya ha motivado una petición propia para la aplicación de una nueva cláusula.
Otras amenazas en materia internacional son los aranceles con los que ha gravado Donald Trump a las exportaciones agroalimentarias europeas "y donde la Unió va a seguir siendo muy exigente para que la Comisión Europea establezca en reciprocidad aranceles a las exportaciones estadounidenses y al Gobierno de España que asuma su responsabilidad por el daño causado al conocer que las ayudas que concedía no eran legales". Habrá que estar también a la expectativa de lo que depare el Brexit, puesto que el Reino Unido es uno de nuestros principales socios comerciales.
La organización agraria también recuerda las reducciones fiscales disparatadas del Gobierno, que no tiene "criterio a la hora de aprobarlas". A la par, censura que los presupuestos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para 2020 "son decepcionantes y certifican un nuevo recorte en las políticas agrarias, con un alarmante abandono de los profesionales del sector y un pasotismo ilógico en forma de retirada de ayudas".
Ante todo ello, y después de que en 2019 haya protagonizado numerosas protestas, entre ellas una manifestación el pasado 14 de marzo que concluyó frente a la Delegación del Gobierno en València, el secretario general de la Unió, Carles Peris, avanza que los órganos ejecutivos de la entidad "están estudiando un nuevo calendario de movilizaciones si la situación no cambia y las administraciones agrarias continúan dando la espalda a este sector estratégico".