CASTELLÓ. El sector pesquero castellonense considera que el Gobierno se lanza piedras sobre su propio tejado en lo que a conservación de los caladeros se refiere. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propone, acerca del nuevo plan de gestión pesquera en el mar Mediterráneo, que la cantidad de días en que cada barca podrá faenar se calculará "en función de la actividad histórica realizada por los buques durante el periodo 2014-2018". Con ello, los que más han hecho para conservar los fondos se van a ver perjudicados.
De hecho, en su propuesta, el Ministerio apunta: "También se tendrá en cuenta en el cálculo de los días aquellas acciones beneficiosas para el recurso que haya desarrollado la flota en ese periodo, como pueden ser las vedas". Pero, según señalan fuentes del sector, los técnicos ministeriales proponen reservar tan solo el 4% de los días a designar para aquellas embarcaciones que hayan realizado los dos meses de veda. Es decir, menos de lo que les correspondería de haber salido a faenar, señalan desde la Federación de Cofradías de la provincia de Castellón. Por eso, desde esta entidad piden que, al menos, se contabilicen estos días como cualquier otro.
Esto afecta de forma directa a los arrastreros castellonenses. Y es que estos barcos de la provincia son prácticamente los únicos del litoral mediterráneo español que han venido realizando dos meses de veda y que, además, han reducido las jornadas y horas de pesca durante buena parte del lustro utilizado para el cálculo. Con ello, a la hora de establecer los días en que las barcas podrán salir a faenar, desde el sector consideran que el Ministerio perjudica a quienes más han hecho por regenerar los caladeros, en lugar de premiarlos.
Este y otros factores han provocado que se prolonguen las negociaciones para definir el nuevo plan de gestión del Mediterráneo, motivo por el cual el Ministerio ha prorrogado el actual, que debería acabar este próximo 31 de diciembre. Este reglamento es el que definirá, en concreción, el Plan plurianual para la pesca de demersales en el Mediterráneo occidental, que la Unión Europea ha impulsado debido al delicado estado de los caladeros. A pesar de ello, tan solo España ha hecho su trabajo, mientras Francia e Italia han obviado el mandato comunitario.
Este plan plurianual, que busca preservar fundamentalmente las poblaciones de merluza, salmonete, gamba roja y cigala, las especies más amenazadas, establece otras medidas, como una reducción del 10% del esfuerzo pesquero (jornadas de pesca) y la veda de determinadas zonas desde mayo a septiembre para la recuperación de los alevines de merluza; mientras se evalúa la posibilidad de declarar obligatorios los dos meses de veda, una faceta que hasta ahora no ha aplicado apenas ninguna zona española, a excepción de Castellón y el sur de Tarragona.
En un principio, el plan era mucho más ambicioso, pero finalmente la propuesta europea de vetar los fondos de menos de 100 metros ha sido obviada. Esto era inviable para los arrastreros castellonenses, debido a la morfología de la plataforma continental en el litoral provincial. Así, la pesca continuará estando prohibida a menos de 50 metros de profundidad en el Mediterráneo español, a excepción del tramo que va del delta del Ebro hasta el paralelo de Almenara, donde se permite la pesca a partir de tres millas de la costa o 30 metros de profundidad.
Junto a todo ello, el sector del arrastre castellonense ha concretado ya las fechas en las que realizará la veda regenerativa el próximo verano. Aunque en un principio se había valorado la posibilidad de partir la provincia para establecer períodos diferentes en el norte y en el sur, finalmente no será así y las cinco cofradías (Burriana, el Grau de Castelló, Peñíscola, Benicarló y Vinaròs) cesarán su actividad en julio y agosto.
Ahora, la intención del Ministerio es tener cerrado el plan de gestión a mediados del próximo mes de enero, algo complicado dadas la dificultad de cerrar las negociaciones en estas fechas. Posteriormente se tendrá que realizar la publicación, por lo que el plan actual, que se ha prorrogado para que no exista un vacío legal y las barcas puedan actuar a su libre albedrío, seguirá vigente todavía un tiempo. Tras el primer año de aplicación se evaluará su eficiencia y continuidad.
«De momento, la pesca es más sostenible que la acuicultura»