VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat ha dedicado un extenso informe de 134 páginas a analizar el decreto-ley de simplificación administrativa impulsado por el Consell, uno de los planes estrella del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su primer año de legislatura después de que fuera una de sus grandes promesas electorales. El órgano de asistencia jurídica de la administración valenciana realiza diversos apuntes y hace constar algunas discrepancias con el contenido, pero también con la forma. Así, critica la técnica legislativa usada por el Gobierno autonómico: la del conocido como decreto 'ómnibus' (o ley transversal).
El Plan Simplifica –como se dio a conocer por parte del jefe del Consell– va destinado a reducir la burocracia en todos los departamentos autonómicos en aras de una mayor agilidad a la hora de poner en marcha proyectos o reducir las gestiones a los ciudadanos. Las medidas en este sentido son numerosas.
El decreto cuenta con una especial complejidad porque modifica multitud de normativa autonómica: elimina 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes. De hecho, recordaba más bien a una ley de Acompañamiento a los Presupuestos, donde se aprovecha para cambiar numerosas normas; o a los llamados 'decretos ómnibus', que permiten los cambios de varias leyes de manera simultánea en diversas materias. Una fórmula, esta última, a la que el Gobierno central que dirige Pedro Sánchez ha recurrido en ocasiones y que le ha generado problemas con sus socios parlamentarios al intentar sacarla adelante en el Congreso.
En la Comunitat Valenciana, el Consell suele recurrir a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos –se denomina ley de Medidas Fiscales– para introducir modificaciones normativas generales, convirtiéndola en un cajón de sastre. Pero no es habitual que lo haga en otros decretos al nivel del de Simplificación Administrativa. De ahí la importancia del texto a nivel legislativo, que además se ha aprobado en un momento especialmente significativo, como es justo cuando se cumple el primer año de legislatura. Un periodo en el que los nuevos gobiernos aprovechan para llevar a cabo sus reformas legales de mayor relevancia como contraposición a la gestión del anterior ejecutivo.
A ello se añade que el Ejecutivo autonómico ha querido recurrir a la vía del decreto-ley. Ésta se encuentra contemplada en la Constitución en caso de "extraordinaria y urgente necesidad" y se considera provisional debido a que se ve como una excepción en la separación de poderes, dado que el legislativo recae en los Parlamentos. Sin embargo, los gobiernos la usan habitualmente. De hecho, el propio PP ha criticado en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez –e incluso a Ximo Puig– por el abuso de esta vía.
La tramitación de un decreto ley resulta mucho más rápida y sencilla, pero existen menos controles. Aunque siempre suelen contar con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, se evitan los informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), encargado de velar por la legalidad y el ordenamiento jurídico en cada norma que sale de la administración pública.
En toda esta técnica usada es precisamente en lo que ha incidido la Abogacía de la Generalitat, que admite que su informe cobra, si cabe, más importancia que con otras normas por todos estos motivos. "No se puede dejar de señalar", indica, la doctrina unánime de las reiteradas críticas "a este tipo de disposiciones heterogéneas y de aluvión". Las tachas formuladas, dice, "son bien conocidas". Entre otras, su carácter heterogéneo; las dificultades que se generan para conocer el derecho vigente; y el riesgo de dispersión normativa, "todo ello en evidente perjuicio de la seguridad jurídica".
También se ha criticado, prosigue, la "precipitación y la falta de estudio y debate de las modificaciones normativas incluidas en este tipo de leyes". En este sentido, recuerda que el texto definitivo del proyecto tuvo entrada en la Abogacía el 21 de junio (el pleno del Consell lo aprobó el 9 de julio).
"En el presente caso, tales críticas que formula la doctrina cobran mayor sentido, al hacerse uso de un decreto-ley cuya tramitación no requiere, entre otros trámites, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). En casos como este, el informe de la Abogacía General de la Generalitat adquiere mayor importancia, por lo que resultan obligadas estas observaciones sobre el uso de una técnica normativa que la doctrina ha calificado como defectuosa", remarca el informe.
El órgano de asistencia jurídica cita numerosas resoluciones judiciales, así como del CJC, en las que se pide evitar el recuso a las leyes 'ómnibus' por afectar a la seguridad jurídica y a la buena técnica legislativa al provocar deficiencias, efectos negativos y una desaconsejable premura.
La Abogacía entra asimismo a valorar que el Plan de Simplificación se aborde como decreto-ley. En este punto, no cuestiona en exceso la decisión, aunque advierte de que "corresponde al Consell la apreciación, con cierto margen de discrecionalidad (siempre que no se incurra en un uso abusivo o arbitrario de la figura del decreto-ley), sobre si es necesario realizar una actuación normativa con rango de ley por concurrir una situación de extraordinaria y urgente necesidad".
No obstante, sí que apunta que en algunos apartados de la norma nada se justifica sobre la "extraordinaria y urgente necesidad" y en otros "simplemente se realiza una afirmación, sin acompañar argumento alguno". Aun así, indica que constan los informes de necesidad y oportunidad que pretenden justificar las medidas adoptadas en cada materia.
Actualmente, el decreto-ley se encuentra en vigor. Con esta fórmula se iba a eludir toda la tramitación ordinaria en Les Corts al no haber posibilidad de presentación de enmiendas ni de debate, lo que rebaja la fiscalización de los partidos de la oposición. Únicamente es necesaria una convalidación por el pleno del Parlamento autonómico. Ésta tuvo lugar la semana pasada, pero con un sobresalto: Vox forzó que se tramitara como proyecto de ley.
Esto supone que el decreto-ley Simplifica tenga fecha de caducidad y durará hasta que se apruebe el nuevo proyecto de ley que entrará en Les Corts a partir de septiembre.
Con su postura, Vox comenzó a molestar al PP tras la ruptura de Gobierno en la Generalitat con una norma estrella de Mazón. Los populares aceptaron la tramitación propuesta por Vox –algo que también pedía la oposición– y tendrán que renegociar. El proyecto de ley habrá de ser remitido por el Consell a Les Corts, donde iniciará el trámite como cualquier norma: presentación de enmiendas por parte de los grupos, paso por comisión y votación.
Aunque en el mejor de los casos el texto final no cambiara sustancialmente del inicial, el PP tendrá que incorporar modificaciones para sacarlo adelante. Todo pese a querer evitarlo, dado que pretendían saltarse todo este proceso. Una vez aprobado, entrará en vigor, sustituyendo al actual texto que ahora se está aplicando.