La administración, esa reforma pendiente

Muchos han coincidido en que la gran asignatura pendiente de la Democracia española es la reforma de la Administración. Lo pudo hacer Mariano Rajoy con su amplísima mayoría absoluta, pero no se atrevió. O no quiso. Quién sabe. Eran tiempos de apretarse el cinturón y soltar lastre, y las administraciones quedaron desoladas de personal, con mecanismos todavía más exigentes para hacer frente a la resaca posterior a los años en los que saltaron los casos de corrupción y siendo todavía, poco ágil, pese a los avances de la digitalización.

Parte de estos argumentos estuvieron presentes en el debate del Foro de Alcaldes-Gestión Municipal organizado este jueves por Alicante Plaza como colofón a una revista especial en la que varios munícipes rinden cuentas de su mandato. Aunque fueron invitados de todos los partidos políticos, finalmente estuvieron presentes alcaldes del PSPV, PP y Ciudadanos, junto con el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, y el ex director general de Administración local de la Generalitat, Antoni Such, hoy director de Patrimonio y del Sector Público.

Pudo ser un campo de batalla, pero un foro de guante blanco, con muchas coincidencias, pese a las diferencias ideológicas de cada edil. El foro tuvo tres grandes conclusiones: los fondos europeos son necesarios para el cambio de modelo productivo y reactivación de las ciudades, pese las dificultades por conseguir, ejecutar y justificar esos fondos; la burocracia administrativa sigue siendo un ladre y falta personal funcionario por todas las partes, y además personal cualificado.

Pero más allá de todo esto, salió otro debate: la financiación y los cambios legislativos. Para lograr ambos objetivos son necesarios los dos: los municipios necesitan una ley de financiación estatal que les diga de antemano con qué fondos pueden contar en cada presupuesto. Algo que la Generalitat y las diputaciones ya han logrado conseguir con planes que distribuyen en función de su población. Otro debate es quién le pone el cascabel al gato: que partido lleva a cabo ese cambio normativo que lo permita, además de otras tantas cuestiones, como clarificación de competencias -qué hace cada cuál y quién lo paga- y la aceleración de procesos para completar plantillas; reglas fiscales -que volverán a partir de 2024, como dijo Toni Such- o mejora de instrumentos todavía vigentes, como la Ley de Contratos Públicos del Estado, toda una camisa de fuerza para los consistorios derivada la resaca de los casos de corrupción.

Insisto, aunque hubo un debate rico en cuanto a propuestas y formas, hay un asunto que sobrevoló en el debate y que sigue sin resolverse:  la clarificación de competencias y la financiación. Y como ejemplo el Fondo de Cooperación Municipal, el instrumento puesto en marcha por la Generalitat, junto con las diputaciones -no respaldada por Alicante- por el que se reparten fondos de uso indeterminado a los consistorios en función de su peso poblacional. Eso se ha convertido en ley, pero la Diputación de Alicante, del PP, lo ha impugnado ante el Tribunal Constitucional. Y como dijo Toni Such será la máxima instancia judicial la que aclare quién tiene las competencias de coordinación entre administraciones. 

Desgraciadamente, la política no ha podido determinar quién hace qué y quién lo paga. No es la primera vez que sucede, pero las diferencias siempre surgen cuando hay gobiernos de distinto signo político. Sólo con Alberto Fabra en la Generalitat y Luisa Pastor en la Diputación de Alicante; Alfonso Rus, en Valencia y Javier Moliner en Castellón, hubo un quorum sobre quién debía hacer qué; es verdad, que algunas cosas las tuvieron que pagar las diputaciones porque la Generalitat estaba tiesa. Pero si quedaron claras las competencias de cada uno. Ahora, por desgracia, no sólo no está claro, sino que se utiliza a los ayuntamientos para casi todo, como se quejaron los alcaldes. Y esa es la gran reforma de la administración pendiente, que los políticos no acaban de ponerse de acuerdo, máxime si son de partidos diferentes y vienen elecciones. Para empezar, despejar quién hace qué y quién lo paga. Después ya veremos cuáles son los mecanismos legislativos y de ejecución de cada uno. Pero pedir eso tan básico a los partidos políticos es como pedir la Luna. Siempre es más fácil culpar al de enfrente.