Varios de los exconcejales procesados. Foto: MARGA FERRER VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha archivado la causa del presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento a varios exconcejales del PP. En un auto conocido este martes, la Sala ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto por las defensas de un total de 13 exediles y asesores contra su procesamiento, lo que previsiblemente supondrá que el sobreseimiento llegue para más.
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula, notificó el pasado octubre el citado procesamiento de medio centenar de personas, entre ellas los concejales de la última etapa de Rita Barberá en el consistorio de la capital por este delito. En el también incluía al PP por los hechos que tuvieron lugar en 2015.
El llamado auto de procedimiento abreviado era esperado desde hace mucho tiempo y llegó casi seis años después del estallido de la operación. En enero de 2016, se produjeron las detenciones de más de 20 cargos y excargos populares por una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas consistente en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales.
En los meses posteriores los hechos se fueron concretando con la conformación de piezas separadas y una de las que se desgajó fue la del presunto blanqueo en el Ayuntamiento de València, que se convirtió en la más mediática de la macrocausa por sus protagonistas: casi 50 imputados –entre ellos nueve de los diez ediles del PP de la pasada legislatura–, asesores y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster. De acuerdo con el juez y la Fiscalía, todos ellos habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La Audiencia, sin embargo, revoca ahora la decisión del juez y acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra María Jesús Puchalt, Francisco Lledó, Vicente Igual, Silvestre Senent, Lourdes Bernal, Félix Crespo y Beatriz Simón, entre otros. La resolución, que es firme y no cabe recurso contra ella, resulta especialmente relevante y ciertamente inesperada, puesto que supone que no irán a juicio después de más de un lustro de instrucción.
La Sala considera que el juez sólo incluye nominalmente a los apelantes y a la mayoría de los investigados en la entrega de los mil euros, pero "ignora absolutamente su cita en relación con la recepción del dinero negro" –los billetes de 500–. Aunque ello, añade, "no es óbice para que finalmente sean considerados partícipes" de la operativa. Una conclusión que no comparte la Audiencia "por entender que adolece de fundamento lógico y ante la evidente contradicción que encierra". Ésta, en su opinión, reconocida por el propio juez cuando afirmaba en el auto de procesamiento que ve "posible que algunas de las personas investigadas, por distintos motivos o circunstancias, no fueran finalmente al despacho de Mari Carmen García Fuster para recoger los billetes, o incluso que no estuvieran al tanto".
"Hecha esta confesión honrosa, el camino procesal a seguir no era el de la prospección probatoria diferida al acto del juicio oral, sino el contrario del sobreseimiento provisional, pues el auto de incoación del procedimiento abreviado se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en el de la posibilidad de que haya sucedido el delito, sea en sentido positivo o negativo", indica.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
