En los principales ecosistemas de investigación científica de Estados Unidos, no eres nadie si no tienes tu contrato con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). Es casi una obsesión para muchos investigadores, un tícket de entrada a la élite, sin el cual hay un algo que te falta. Hablamos de un ente cuyo presupuesto para 2023 es de 4,12 billones de dólares, más de tres veces el PIB de España, casi tres veces el PIB de Rusia (un asunto que probablemente interese saber a Vladimir Putin), y una quinta parte del PIB norteamericano. No se toman a broma el tema.
En nuestro país el diálogo entre el sector público y el privado en materia de I+D no acaba de funcionar igual. Se teme tanto al INE por sus extensos cuestionarios, que cuando muchas compañías llegan al interrogante de si son innovadoras deciden marcar que NO, simplemente para evitar la retahíla de preguntas y acreditaciones a las que se exponen en caso de atribuirse esa condición. Es una imagen estupenda del estado del arte actual.
En una investigación comandada por la Universidad de Valencia, de la mano del Instituto Tecnológico de la Cerámica, se planteó a un número significativo de industriales si cambiarían el agua corriente que llega en la actualidad a sus instalaciones por agua reutilizada en caso de que el precio fuera similar. La respuesta fue afirmativa, era la predisposición mayoritaria, y la concesionaria, encantada con la posibilidad. La pelota pasó al tejado de los gobiernos municipales, responsables de las infraestructuras, y ahí sigue.
La capacidad de la Administración para movilizar la innovación privada es uno de los asuntos que aparecen siempre que se reúne a actores diversos del ecosistema de la Comunitat Valenciana, tanto empresas como entidades sociales y centros de investigación. En tres foros recientes en los que he participado directa o indirectamente, uno sobre la percepción social de la innovación, otro sobre el futuro del agua y otro sobre movilidad inteligente, ha aparecido el mismo lamento: ay, la compra pública innovadora no arranca, ¿por qué no consigue arrancar la compra pública innovadora?
Hubo un instante en el que se bajaron todas las barreras. Durante los peores días del confinamiento, tanto desde el Ministerio como desde la Generalitat se canalizó la energía de tantas empresas e investigadores, del ámbito público y privado, para producir respiradores, mascarillas, elementos de protección y todo lo que pudiera contribuir a hacer frente a la pandemia. La estrategia consistió básicamente en eliminar impedimentos y en poner en contacto a personas. Pero el chorro de aire fresco, lamentablemente, dejó de fluir.
Teníamos todas las posibilidades para haber promovido la reconversión de algunos sectores hacia el ámbito de la salud, pero la ventana se cerró y volvimos a la burocracia mal entendida. Como comenté aquí en su día, de las 21 empresas con sede en la Comunitat incluidas en el Acuerdo Marco de compra de suministro para la lucha contra el covid-19, sólo 11 producían en nuestro territorio y ocho repartían sus centros de fabricación entre China, Marruecos y Turquía.
El caso es que no funciona la compra pública innovadora, “una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público, concretamente a través de la adquisición de soluciones innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo”, según explica el CDTI. Ni siquiera la propia directora general de Innovación, Sonia Tirado, se atreve a cuestionar el veredicto, que es la forma más sana de afrontar una mejora del sistema.
Si unimos a este hecho la falta de iniciativa de las administraciones, sobre todo locales, para promover cambios por la vía de la innovación tecnológica, como el mencionado en el ámbito del agua, pero son muchos otros; le añadimos la complejidad de un aparato de toma de decisiones en el que, desde la intervención hasta muchos de los gatekeepers de cuya firma depende que un proyecto salga adelante, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación suficiente para distinguir lo principal de lo accesorio y reconocer una innovación; y lo rematamos con una regulación analógica para tiempos digitales, cuando no garantista hasta la asfixia, si lo juntamos todo, tenemos un problema que impide avanzar.
Por empezar por algún sitio, si la compra pública innovadora resultara una aspiración demasiado lejana, podríamos hacerlo facilitando que las startup y resto de empresas innovadoras puedan probar su tecnología en el ámbito público, para validarla, testearla y anticipar posibles modificaciones de cara a su salida al mercado.
En España nos cuesta mucho probar innovación, y es una de las grandes contribuciones que puede hacerse al ecosistema de ciencia y tecnología. Hay excepciones maravillosas, como la red privada de 5G creada entre varios centros tecnológicos a la que se han sumado con voluntad de experimentación empresas como Repsol, Cellnex o Abertis. Pero cuando se plantea la posibilidad de probar con la Administración, los obstáculos en materia de certificados y permisos son de tal entidad que, a ver quién se atreve.
Lo mejor de la DARPA no es el estratosférico volumen de fondos que maneja, sino el modelo que ha engrasado desde hace décadas, en directa conexión con el ecosistema de ciencia e innovación. Para que la Administración sea cómplice de la mejora del tejido productivo en la cadena de valor, habrá que empezar, al menos, por sentarse a hablar.